Ana Pastor denuncia que la Ley de Vivienda “está bañada de sectarismo”

Foro Nueva Economía con doña Marifrán Carazo, Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Ana Pastor denuncia que la Ley de Vivienda “está bañada de sectarismo”

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MADRID, 3 de febrero. La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y exministra de Fomento, Ana Pastor, denunció en el Foro de la Nueva Economía que la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez “está bañada de sectarismo y perjudica en última instancia a los que más debe proteger, los jóvenes y las familias vulnerables”.

Así se expresó Pastor en este evento organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que presentó a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de Andalucía, Marifrán Carrazo, de quien afirmó que es “uno de los puntales del Gobierno del cambio” de Juanma Moreno.
 
“Legislar es fácil pero legislar para hacer daño es todavía más fácil”, advirtió Pastor, que reprochó al Gobierno que haya aprobado este proyecto de ley pese al informe contrario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
 
A este respecto, la vicesecretaria de Política Social del PP recordó que el CGPJ considera que invade competencias y que supone un ataque a la libertad individual y a la propiedad privada, por lo que crea inseguridad jurídica.
 
Como contraposición, afirmó que “nuestra política de vivienda busca facilitar su acceso prestando más atención a los que más lo necesitan” con medidas para mejorar el parque de viviendas, los entornos urbanos con políticas de rehabilitación que impulsan el empleo. “Una política Incentivadora y no intervencionista”, resumió.
 
Por ello, reiteró que “recurriremos la ley del Gobierno si no se modifica en el Parlamento y cuando lleguemos al Gobierno la derogaremos”, recurso al Tribunal Constitucional que también se plantea presentar la Junta de Andalucía, según anunció Carazo.
 
Por su parte, la consejera andaluza denunció que la ley “va en el sentido contrario” a lo defendido por la Junta e hizo especial incidencia en el hecho de que se establezca que la vivienda protegida no puede cambiar de calificación.
 
Además, criticó que haya sido aprobada sin el consenso de los sectores afectados ni de las comunidades autónomas y su tendencia “intervencionista” al regular los precios de los alquileres.
 
Por último, denunció que el Gobierno “no ha escuchado al CGPJ” y le pidió que reconsidere la Ley para que no invada competencias autonómicas, proteja el derecho a la propiedad privada y no limite los alquileres.