Representantes de sindicatos agrarios mantuvieron una concentración el pasado viernes en Zamora para protestar por la futura prohibición de la caza del lobo ibérico. Ribera indicó en este foro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum de forma mixta -tanto presencial en un hotel de Madrid como telemáticamente-, que su departamento trabaja en una orden ministerial "buscando el máximo diálogo", pese a lo cual "no siempre ha sido fácil obtener respuestas".
 
Comentó que la protección del lobo se basa en una recomendación del Comité Científico de su departamento ministerial y que interviene desde hace más de una década para evaluar si deben protegerse determinadas especies.
 
"El lobo es un animal que probablemente está pasando de ser visto como una alimaña a un animal que tiene dificultades para su expansión y su extensión en el territorio. Tiene una función en la cadena y en el ecosistema, pero también es cierto que en estos momentos sólo hay tres países en Europa donde no está prohibida la caza del lobo. Esto es muy significativo", indicó.
 
La vicepresidenta cuarta del Gobierno recalcó que "lo que hay que hacer es intervenir con el máximo respeto por las personas y por las explotaciones agrarias que viven en zonas donde hay lobos" a través de un "acompañamiento económico", al tiempo que comentó que avala que se produzcan situaciones de "control de poblaciones" de manera profesional, "pero no en el formato de caza deportiva".
 
ESPAÑA VACIADA Y AGUA
Por otro lado, Ribera subrayó que "una de las grandes deudas sociales pendientes" es con la denominada 'España vaciada' y que esta situación requiere de soluciones en el tiempo que no se resuelven en una legislatura.
 
Además, apuntó que este tema implica la colaboración de las diferentes administraciones porque las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad, atención a mayores o educación, por lo que el Gobierno puede ayudar con la expansión del 5G o en programas de vivienda o energía.
 
Por último, señaló que los nuevos planes hidrológicos para el ciclo 2022-2027 podrían suponer una inversión de unos 21.000 millones de euros, lo que calificó de "cantidad impresionante", 8.000 de los cuales procederían del Estado. Con ello, confió en que se adopten medidas para atender los "excesos" y los "defectos" de agua en España.