Josep Oriol Pujol intervino en Barcelona en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde fue presentado por Núria Basi, presidenta de Basi Group y expresidenta de la Fundación Pere Tarrés.

El responsable de la Fundación Pere Tarrés defendió que el Tercer Sector necesita un marco fiscal que reconozca su aportación social y que evite la desventaja competitiva frente al sector mercantil. Explicó que las entidades sociales actúan como consumidores finales y, por tanto, abonan el IVA cuando rehabilitan una casa de colonias, compran la comida para los comedores escolares o pagan a un conferenciante. "Si le tienes que pagar el IVA, pues es un coste más", precisó Pujol durante el encuentro.

AGRAVIO COMPARATIVO

Subrayó que esa situación se traduce en una desventaja frente a las grandes constructoras y empresas mercantiles, que sí pueden recuperar el IVA cuando prestan servicios sociales contratados por las administraciones. Citó el ejemplo de una compañía como ACS, que en Cataluña gestiona "determinados servicios de carácter social" sin voluntarios ni recursos adicionales.

Pujol detalló que esas empresas operan "sin buscar regalos por Navidad" ni revisar las gafas o los dientes de los niños atendidos, porque los pliegos municipales no contemplan esas prestaciones. Su fundación, en cambio, moviliza recursos propios y voluntarios para enriquecer el servicio, pero no puede recuperar el IVA que paga.

Por eso, planteó que se les conceda un "IVA cero o superreducido" . Si esto no es posible, defendió que las entidades sociales pudieran "facturar a la administración" sin que la fiscalidad suponga "una sobrecarga". Matizó que no se trata de pedir una "ventaja competitiva" frente al sector mercantil, sino de corregir la "desventaja fiscal" actual del Tercer Sector.

SUBVENCIONES INSUFICIENTES

También denunció el escaso peso de las entidades sociales en el reparto presupuestario. Recordó que la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat ejecutó en 2024 un presupuesto de 4.160 millones de euros, de los cuales solo 147 millones llegaron a las entidades sociales en forma de subvención, pese a la cantidad de servicios que prestan.

Advirtió de que esta situación arrastra a las entidades a "una confrontación con los propios trabajadores", al no poder asumir incrementos salariales en los convenios colectivos sin poner en riesgo la viabilidad de la organización. La Fundación Pere Tarrés, dijo, tiene incluso a empleados con derecho a las becas de colonias del Ayuntamiento de Barcelona por su baja situación económica.

MODELO DE CONCERTACIÓN

El responsable defendió que las entidades sociales actúan "por responsabilidad social, no por suplencia" de la administración y reivindicó que las subvenciones son "imprescindibles" cuando las actividades se consideran de interés general. Pidió que las entidades dejen de tratarse como "un operador más en libre concurrencia" sometido a concursos por precio.

Por ello, reclamó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la creación de "una consejería de prevención" encargada de evaluar los efectos de las normativas que afectan a las entidades sin ánimo de lucro. Cada nueva norma, advirtió, "es un golpe", "una traba más", "un registro más" que ahoga el funcionamiento de las organizaciones pequeñas y al voluntariado.

Pujol reivindicó los sistemas de concertación de servicios que se han desarrollado en otras comunidades autónomas, así como en municipios catalanes como Sant Boi, frente al modelo de "yo pienso, tú ejecutas y quien paga manda". Cuando se concierta, sostuvo, las administraciones no se limitan a vigilar el cumplimiento "al pie de la letra" de un pliego cerrado.