Herrero, que recordó el compromiso del Gobierno central de reducir el déficit público al 3% en 2013, hizo hincapié en que esta austeridad debe buscarse “en función de la reducción del gasto y no del incremento de impuestos”. De no ser así, advirtió, “se corre el riesgo de entrar en un círculo vicioso”.

El presidente de la CEA demandó a las administraciones públicas “un plan de choque contra la crisis” y también un “plan de austeridad” que, aseguró, “debe imperar no sólo en momentos de crisis, sino en cualquier otra etapa”.

ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD CON MÁS FUNCIONARIOS
En los dos últimos años, el sector privado español ha reducido en 341.000 los puestos de trabajo, mientras que el público no ha pasado de 52.800, indicó Herrero, quien aprovechó para recordar que “Andalucía es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de funcionarios de toda España”.

En este sentido, el presidente de la patronal andaluza quiso incidir en que perseguir la “sostenibilidad en las cuentas públicas” es fundamental para actuar sobre la economía.

Santiago Herrero, que es también presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, defendió además la urgencia de afrontar una reforma del mercado laboral que acabe, dijo, “con una perversión del sistema” que ha hecho que “no haya despidos objetivos en España”.

Herrero, quien recordó que “sólo un millón de los 13 millones de contratos” que se realizaron en 2009 fueron indefinidos, aseguró que con una reforma laboral los empresarios “no pretendemos dinamitar los derechos fundamentales” adquiridos, sino “tener más capacidad organizativa para tomar decisiones acordes con la situación del mercado y la economía”.

La patronal critica que esas decisiones “sean tomadas por los jueces” y reivindica que sea el empresario el que las asuma “en función de sus propios riesgos y del mercado”. Para Santiago Herrero, es también necesario “hacer más atractiva la contratación indefinida”, que, declaró, “no se usa por temor al futuro”.

Por último, añadió el presidente de la CEA, los empresarios requieren también de una “reducción de los costes laborales”, especialmente en las cotizaciones a la Seguridad Social.