La consejera aprovechó su intervención en el desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum para exponer los cinco principios en que se basa el modelo de financiación andaluz: la suficiencia financiera, la corresponsabilidad y autonomía fiscal, la equidad, la sostenibilidad y la lealtad institucional.

Además, de estos cinco pilares, Montero subrayó que “debe quedar claro que el llamado principio de ordinalidad (la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) en ningún caso puede calificarse como un principio, pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo”. En su opinión, “se trata más bien de un planteamiento político sujeto a potentes críticas”.
 
La consejera apostó por una distribución vertical “consensuada y razonada” de los recursos financieros disponibles y de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno. En este punto, señalo que “la manera más justa” sería utilizar los porcentajes relativos que las competencias asumidas por las comunidades autónomas suponen en el gasto público total y aplicarlos a los ingresos del Estado”.
 
En el modelo propuesto por la consejera, se rechaza la nivelación parcial actual y se propone “una total”, que incluya el conjunto de los servicios públicos, “para evitar descuidar gastos no considerados fundamentales como cultura, regulación económica o inversión pública, lo que puede deteriorar considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos a medio y largo plazo”.
 
Según la máxima responsable de Hacienda del Gobierno andaluz, la reforma del modelo de financiación autonómica supondrá “una negociación política difícil”, por lo que confió en que el grupo de trabajo que se va a constituir en el Parlamento “supere la dinámica de confrontación, concite el máximo apoyo social y económico y concluya en una posición única de Andalucía ante la reforma del modelo”.