Así lo manifestó en el citado desayuno informativo, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, al presentar el informe de un nuevo modelo de financiación autonómica realizado por un grupo de expertos a petición de las Cortes Valencianas, con el objetivo de hacer un diagnóstico y proponer soluciones a la situación de “infrafinanciación” en la que se encuentra la Comunidad Valenciana con el actual modelo.

Durante el encuentro, Pérez García se refirió a este informe como “un documento sólido en el que se presenta un modelo de financiación compatible con el sistema de estabilidad financiera presentado por el Gobierno central y en consonancia con lo propuesto desde la Unión Europea”.

Habló de la necesidad de reformar el actual modelo porque “hay piezas del modelo que desfiguran, hasta hacerlo irreconocible, el principio de que la financiación se corresponde con las necesidades”.

DIFERENCIAS ENTRE CCAA
Además, se refirió al actual modelo como algo “complejo en su planteamiento, de una lógica oscura que cuando es desentrañada se concreta en que resulta de ella el predominio del statu quo, la consolidación de las diferencias existentes entre las CCAA”.

La propuesta del nuevo modelo de financiación distribuye los recursos en tres tramos: “un primer tramo que garantice la financiación por igual para todas las comunidades en los servicios fundamentales” (gastos en los que incurren las administraciones públicas relacionados con seguridad, sanidad, educación, prestaciones sociales), y crear un fondo de reserva para garantizar su sostenibilidad en el tiempo; un segundo tramo que busca “financiación suficiente para atender al resto de competencias autonómicas” y que cada CCAA debería autoasegurarse con un fondo propio para utilizarlo en épocas en las que caigan los ingresos; y, finalmente, un tercer tramo de autonomía que reconoce la potestad de las CCAA para subir o bajar impuestos dando cuenta a sus ciudadanos para hacer políticas diferenciadas. Por tanto, indicó, “las consecuencias de estas decisiones tienen que quedar por completo reflejadas en los presupuestos de cada comunidad”.

El modelo debería ir acompañado de “instrumentos de desarrollo regional para tener en cuenta cómo financiar políticas de crecimiento y convergencia en los territorios que lo necesiten” (lo que hace ahora el Fondo de Competencia Interterritorial).

También tendría que existir un “instrumento complementario de reequilibrio financiero que permita contemplar los problemas de las comunidades que han acumulado deuda por infrafinanciación parecida” y acordar con el Estado el reconocimiento de las mismas, y debe abordarse una “revisión específica de las contribuciones de las comunidades forales a las cargas del Estado”, añadió Pérez García.