Así lo recogerá el anteproyecto de ley orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia y que, previsiblemente, se llevará al Consejo de Ministros del 28 de diciembre, tal y como dijo la ministra en este evento organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum.

El objetivo es que aquellos trabajadores sociales que trabajen para la Administración Pública y ejerzan sus funciones en ámbitos relacionados con la infancia cuenten con una mayor protección frente a posibles “situaciones de emergencia”. En concreto, si uno de estos funcionarios es agredido se consideraría un delito de atentado a la autoridad.

Asimismo, el propósito del Gobierno es que la futura ley de violencia contra la infancia establezca la obligación de comunicar los delitos contra los menores, garantizando la confidencialidad y el anonimato del denunciante, o crear una nueva figura en centros educativos que se responsabilice de prevenir la violencia infantil y establecer protocolos.

“Estamos en un punto muy avanzado de la ley”, dijo Carcedo. Y es que la violencia contra la infancia es “una cuestión que tenemos que afrontar de una vez y que vamos a aprobar con la máxima urgencia”.

Además, la futura ley incorporará otras medidas para evitar, por ejemplo, que los delitos por abuso infantil no prescriban o establecer la obligación de protocolos no sólo en colegios e institutos, sino también en el ámbito sanitario, de los servicios sociales o clubes deportivos y de infancia.

Asimismo, la ministra defendió la “inversión social” porque tiene “altas tasas de retorno”, de manera que “deberíamos acabar ya con el concepto de que el gasto social es un gasto ahorrable”.