El jurista argumentó que en España las interceptaciones de comunicaciones telefónicas se hacen “con autorización judicial”, que es “lo que requieren la Constitución” y la legislación vigente, por lo que “no sé por qué podrían ser antijurídicas”.

Los populares vienen arremetiendo contra este sistema de escuchas, en cuyas grabaciones se basan algunas de las pruebas que manejan los jueces en la investigación del “caso Gürtel”.

Rubio Llorente explicó que el asunto de las escuchas fue estudiado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condenó, por ejemplo, a Gran Bretaña por practicar escuchas sin la autorización de un juez.

Éste, sin embargo, no es el caso de España, donde la interceptación de las comunicaciones telefónicas se realiza con autorización judicial. “Si hay autorización judicial”, dijo el presidente del Consejo de Estado, “es difícil negar la licitud de las escuchas”.

Por otro lado, no se quiso pronunciar sobre las distintas reformas que están sobre la mesa para endurecer las penas que se apliquen a los corruptos, porque se trata de “un terreno tan peligroso y difícil como es el penal”. Pese a ello, recordó que el Consejo ha dictaminado sobre la reforma del Código Penal y sobre la normativa relativa al blanqueo de capitales.