Así lo expresó el ministro en funciones en el coloquio posterior a su intervención en la tribuna organizada en Valencia por Nueva Economía Fórum. Catalá tildó la renuncia al fuero que corresponde a Rosell ante el Tribunal Supremo por ser miembro de la Diputación Permanente, al que renunció la semana pasada para ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia, de ser una “añagaza” para “evitar” que, antes de la proclamación de candidaturas para los comicios del 26-J, haya “ningún avance jurisdiccional”.

“No sé si lo que se ha vendido como una renuncia al fuero se está utilizando para dilatar los tiempos y que pueda ser candidata de nuevo sin que formalmente haya una calificación jurídica”, deslizó Catalá, preguntado por el caso de la jueza Rosell, contra la que el Supremo ha admitido a trámite la querella que interpuso contra ella el exministro de Industria José Manuel Soria.

Sobre la situación de Rosell, Catalá dijo que está siendo objeto de una investigación por parte del Supremo en la que parece que hay “algunos indicios de comportamiento inadecuado” y atribución de delitos “muy serios, como la prevaricación, el retardo intencionado”.

Para Catalá “incluso sin calificación jurídica” Rosell, siendo jurista, “debería ser aconsejada por los que le quieren bien a que renunciase a su condición de candidata” por lo que pueda “contaminar” a Podemos, un partido, que según dijo el dirigente popular, “va de paladín de la transparencia y la pureza”.

Catalá consideró que, al ser Rosell de un partido político que “ha pretendido atribuirse a sí mismo ser la nueva política, estar por encima de comportamientos inadecuados”, si con un magistrado “simplemente existen indicios de responsabilidad” o delitos tan “relevantes”, en su opinión debería haber sido ya objeto de “apartamiento de la función política”.

El ministro en funciones recordó que el sistema actual es “de incorporación inmediata” y a su parecer “eso no es razonable” y propuso establecer un sistema que permita establecer tiempos entre un ejercicio y otro, sentándose a hablar con las asociaciones profesionales de jueces y fiscales para ver “cuál es el sistema razonable que permita la independencia” y transmitir una imagen de que no se solapan ambos ejercicios.

En este sentido, Catalá abogó por regular “con mayor intensidad” las incompatibilidades entre el ejercicio de la política y de la función jurisdiccional.