Martín Villa hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que valoró que en diciembre pasado se archivara la Corte de Apelaciones de Argentina archivara la causa le abrió la jueza María Servini en 2014 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la Transición.
 
La juez Servini responsabilizaba, en concreto, a Martín Villa de que la Policía acabara con la vida del pamplonés Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 y que otras cinco personas fallecieran en una iglesia de Vitoria en 1976.
 
En este sentido, el exministro de Gobernación se quejó de que esta causa contra él en Argentina “más que un proceso judicial” se ha convertido en un “espectáculo kafkiano” por su duración y por la utilización que del mismo se ha hecho desde España.
 
Apuntó, además, que “no tiene ningún sentido” que el proceso haya durado siete años y destacó que desde el principio quiso declarar voluntariamente en Argentina para defender el buen nombre de la Transición y de todos los que la realizaron.
 
“OBLIGACIÓN MORAL”
 
Sostuvo que tenía la “obligación moral” de declarar ante la juez Servini porque la Transición fue “una de las mejores etapas” de la historia de España y que otras personas que podían defender este legado ya habían fallecido, como Adolfo Suárez.
 
Al mismo tiempo, destacó que el argumento principal de la querella que contra él se ha instruido en Argentina era falso, ya que sostenía que, tras la muerte de Franco, hubo un “plan sistemático” para “aterrorizar” a la oposición democrática. Sostuvo que la Transición “fue lo contrario” y que por eso la causa tenía que terminar archivándose.
 
Afirmó que puede acusársele de ser el “responsable político” o “responsable penal” de muertes ocurridas durante la Transición, pero afirmó que “lo que no era posible” es que los gobiernos de UCD pusieran en marcha “un plan sistemático deliberado, generalizado y planificado para aterrorizar” a españoles partidarios de la democracia.
 
Asimismo, Martín Villa agradeció a una veintena de exdirigentes políticos españoles, como Felipe González o José María Aznar, declararan en su favor en el proceso de Argentina. A este respecto, reivindicó el “consenso nacional” suscitado tras la muerte de Franco y que hizo posible la democracia.