Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, Soler reivindicó el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Consell contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 por considerar que no financian de manera suficiente los servicios básicos para los valencianos. El recurso fue admitido a trámite la semana pasada por el Tribunal Constitucional.

Según el Gobierno valenciano, los PGE de 2016 no se ajustan a los principios de equidad, suficiencia y solidaridad, principios básicos de la Constitución española, que, dijo Soler, “no se cumple en el territorio valenciano”.

DIÁLOGO Y JUSTICIA
“Estamos haciendo todo lo que podemos, dialogar, negociar políticamente, pero también por la vía de los tribunales cuando no se nos escucha; es un derecho que tenemos”, defendió el consejero, quien admitió que no sabía qué recorrido tendría el recurso, pero que en cualquier caso señaló que ya se había llegado más lejos que con los anteriores gobiernos autonómicos.

En dicho recurso, el Consell solicita la anulación de la transferencia de la Generalitat a favor del Estado prevista para 2016 en el concepto del fondo de suficiencia global –que calificó de fondo de “insuficiencia”- de 1.329 millones de euros.

A su juicio, este fondo sirve para “mantener” el statu quo surgido del modelo de financiación autonómica de 2002, que se mantuvo en 2009 y que ha provocado que la Comunidad Valenciana “pague una factura” desde el año 2010 de 6.500 millones.

“Somos la comunidad más perjudicada por esta transferencia negativa en favor del Estado” y la que “menos gasto por habitante hace”, aseguró Soler en el acto informativo de Nueva Economía Fórum.

RECUPERAR LO APORTADO
Si el recurso prospera, el Consell espera recuperar, si no todos, parte de esos 6.500 millones de euros. Se trata, según Soler, de una “exigencia política” que el Gobierno valenciano mantiene y sobre la cual se siente “plenamente” legitimado.

Según el consejero valenciano, en realidad el problema de este statu quo arranca “casi desde el nacimiento” de la Generalitat Valenciana, desde el momento en que se transfieren las competencias de Sanidad y Educación a las denominadas “nacionalidades históricas, a las cuales se sumó Andalucía”.

A su entender, “la dotación de servicios públicos heredada de la dictadura era deficiente en toda España y en el caso de la Comunidad Valenciana por debajo de la media”. La Generalitat Valenciana, manifestó, hubo de hacer un esfuerzo “mayor” que el resto de comunidades autónomas.

“Desde entonces nuestro enemigo ha sido el statu quo”, insistió Soler, porque “una vez hecho aquel reparto, ha sido muy difícil alterar el resultado”, ya que las comunidades “más favorecidas han presionado en las sucesivas reformas” para no ver reducidos su recursos.

Por eso, Soler dijo que la intención del Gobierno valenciano actual es hacer un sistema nuevo para toda España, pero para ello, subrayó, es “decisivo” que el asunto no se tome como una reivindicación “partidista ni gubernamental”, sino que “solo se tendrá en cuenta” si se implica a toda la sociedad en ello.