El dirigente popular considera que la crisis catalana se ha cerrado "en falso" y argumentó, en este sentido, que hay una investigación abierta por la Fiscalía y también una Comisión de Investigación en el Parlament. Además, apuntó que en pocas semanas, en Cataluña "se han roto muchas cosas" y han caído muchos "mitos y leyendas" como la de que el "sentido común" es lo que impera en esta CCAA. "La historia de Cataluña también está llena de episodios de arrebato", apostilló. Piqué, quien denunció que Zapatero había pasado por el Carmelo como una "exhalación", estima que estos días se ha demostrado que "de oasis catalán, nada de nada", que "no necesariamente más autogobierno significa más eficacia", poniendo como ejemplo el caso del Barrio del Carmelo, y que también ha caído el "tópico" de la "vía catalana".

GRAN FIASCO DEL PSC

Lo que ha ocurrido en Cataluña estas semanas ha propiciado, según Piqué, que se instale una "poderosísima desconfianza de los ciudadanos en la clase política", algo que considera "malo para todos". Se ha demostrado, dijo, que el gran cambio histórico que tenía que haberse producido con el gobierno del tripartito se está convirtiendo en "un gran fiasco" con un estilo de hacer política "que no se diferencia del anterior".

En su opinión, la forma en la que se han sucedido los hechos en el Parlamento catalán, con la petición genérica de disculpas por parte de Maragall a la sociedad catalana y la aceptación de las mismas por Arturo Mas, incluyéndose en esa sociedad catalana, evidencia que ambos grupos políticos tienen por costumbre "taparse sus vergüenzas" y es algo "bochornoso".

Piqué utilizó el término "omertá", que en terminología siciliana significa "pacto de silencio", para referirse al pacto que, en su opinión han alcanzado el PSC y CiU."Tu no hablas de lo mío y yo no hablo de lo tuyo", exclamó. Al ser preguntado si, en el caso del pago de comisiones en Cataluña para acceder a las obras públicas se está "ante una mafia", respondió que "estamos ante la sospecha de una mafia". En este sentido, precisó que no podía afirmar porque no puede demostrar que sea una mafia, pero matizó que sí se está ante la "sospecha, que además es generalizada, de tramas de cobro de comisiones ilegales". "Si a eso le queremos llamar mafia, llamémosle, eso me parece indiscutible", apostilló.

Sobre si lo que se conoce hasta ahora es "la punta del iceberg", dijo no saberlo, pero añadió: "de nuevo vuelvo a la percepción generalizada, puede ser". Pero ante la pregunta de si en la punta del iceberg está Jordi Pujol, recordó que este ha sido presidente de la Generalitat durante 23 años, pero no se atrevió a afirmar que "estuviera en la cúspide". En este sentido, considera que lo que hay que hacer es "eliminar las sombras de sospecha que existen".

AUTOCRITICA POR NO DENUNCIAR PERO NO SERA ACUSACION PARTICULAR

Josep Piqué admitió que siempre puede "hacerse autocrítica", en relación a su partido, por haber sido un tanto "laxo" cuando existía ese "clamor" de que había pago de comisiones en las obras públicas. No obstante, advirtió que el PP "va a estar encima" de esta cuestión, aunque aseguró que "de momento" no tiene previsto el escenario de actuar como "acusación particular" al igual que lo hizo el PP en otros casos de corrupción. Sobre si el fiscal de Cataluña, José María Mena

ENTREVISTA CON CAROD PARA QUE RESPALDE LA TRANSPARENCIA

Piqué habló de la entrevista que mantuvo con Josep Lluis Carod Rovira, que, según dijo, pidió el líder de ERC. Piqué le trasladó que la conversación se tenía que centrar en la necesidad de que esta vez no se podía dejar pasar "pactos subterráneos, ni de silencio" y tampoco "supeditar la transparencia a determinados objetivos políticos". "No es aceptable que la necesidad de reformar el Estatuto obligue a dejar de lado los otros debates sobre la falta de transparencia", argumentó.

Piqué asegura que hubo "coincidencia" sobre esta cuestión y dijo que "ahora lo que queda por ver es si la coincidencia se transforma también en una coincidencia de actuaciones". Adelantó que el PP va a presentar una batería de reformas para controlar las adjudicaciones públicas y de iniciativas en la Comisión de investigación y, dijo, "veremos si las afirmaciones de ERC está en consonancia con la voluntad de transparencia".

HUIDA HACIA ADELANTE DE CIU Y TRIPARTITO CON EL ESTATUTO

En cualquier caso, en opinión de Piqué, ahora hay que cuestionarse sobre qué va a pasar con el Estatuto. El dirigente catalán asegura que se corre el riesgo de que CiU y el tripartido consideren que lo mejor es "huir hacia adelante" y plantear un estatuto que desborde la Constitución. "Una reforma de máximos".

"Si ahora sale una reforma del Estatuto, siempre planeará la sospecha de pactos subterráneos que no se pueden explicar", argumentó.

El dirigente catalán considera que la preocupación de los ciudadanos por un nuevo estatuto no está entre sus prioridades. Aunque cree que si la pregunta se hace de forma indirecta, todo el mundo quiere más autogobierno y más recursos. En este sentido dijo que iba la postura del PP. Así, dejó claro que su partido está y estará en la ponencia para esta reforma. Sin embargo, dijo ser muy consciente de las dificultades para incluir "rigor jurídico y político" en esta reforma y mostró su escepticismo de que se pueda llegar a algo positivo. Esto, dijo, sin haber llegado todavía a hablar de otros conceptos que se plantean como Cataluña como nación o sobre derechos de autodeterminación.

DUDAS SOBRE EL RIGOR JURIDICO EN LA PONENCIA

Piqué aclaró el proceso que se está siguiendo para la reforma para explicar estas dudas "no ya constitucionales, sino sobre el rigor jurídico" sobre algunas cuestiones. Citó, entre ellas, el afán de querer "blindar las competencias" de Cataluña. Puso como ejemplo que, cuando en la ponencia se plantea el traspaso de una compentencia, se utiliza, en lugar de lo artículos 148 y 149 de la Constitución, el 150.2 que es a través del cual el Estado puede ceder competencias propias a las CCAA. El dirigente popular expresó sus dudas desde el punto de vista "jurídico-constitucional" de que "eso tenga sentido" porque, argumentó, "quien tiene que decidir sobre una competencia es el que tiene la competencia", es decir, el Estado y no una CCAA. Sin embargo, cree que lo que está tratando de hacer la ponencia es "limitar el alcance de esos títulos competenciales del Gobierno para que después, si hay un conflicto, que el Tribunal Constitucional tenga un anclaje interpretativo y le pueda decir al Estado que no puede entrar porque el Estatuto se lo impide".

En su opinión, se está intentando hace la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) al revés. Es decir, que la ponencia "dice a priori lo que puede ser básico o no y por lo tanto, está definiendo una distribución de competencias que va más allá de lo que establece la Constitución y entra en el terreno interpretativo que pertenece al TC".