Según un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo sobre “Crisis Económica y Deudores Hipotecario”, la penalización máxima no debería sobrepasar dos veces el precio del interés legal del dinero (un 4% en 2011), cuando en la actualidad cada banco impone sus condiciones y el encarecimiento supera en muchos casos el 20%.

En su intervención, Cava de Llano afirmó que “no podemos ignorar la situación de cientos de miles de personas que perderán su casa por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca”.

“Al entrar en el registro de morosos, estas personas están condenadas a la exclusión financiera, y tras ello, a la exclusión social”, señaló la Defensora del Pueblo.

RECOMENDACIONES
En su opinión, “ante situaciones excepcionales la banca ha recibido ayudas excepcionales”, y los ciudadanos no pueden quedarse atrás. De ahí la realización del citado informe, que contiene 20 recomendaciones para prevenir y paliar estas situaciones de exclusión.

Entre otros aspectos, el estudio aconseja “reforzar el asesoramiento al ciudadano que contrata servicios bancarios, tanto por parte de las entidades como de los notarios que certifican la firma”.

También propone limitar la obligación de contratar seguros de pago al firmar una hipoteca, que “habitualmente además se imponen con una aseguradora del mismo grupo bancario”, destacó Cava de Llano.

Por último, la Defensora del Pueblo en funciones reclamó intensificar la independencia entre las sociedades de tasación y las entidades bancarias, establecer el “crédito responsable” que ya recogía la Ley de Economía Sostenible, y aclarar la Ley Concursal en lo referente a las personas físicas.