El nuevo texto otorga un plazo de ocho semanas a cada Estado miembro para pronunciarse sobre las propuestas de la Comisión, con dos votos por Estado que en el caso de España se articulará de forma que uno sea para el Congreso de los Diputados y otro para el Senado.

La intención es que el Senado traslade a su vez esa consulta a los parlamentos autonómicos, pero habrá que articular cómo se decide el voto final de la Cámara Alta en caso de que los pronunciamientos regionales sean dispares.

En todo caso, el Tratado da voz a los parlamentos nacionales pero limita su capacidad de maniobra, ya que pueden pedir a la Comisión que vuelva a examinar su propuesta pero sólo el Consejo y el Parlamento Europeo tienen capacidad para devolver un proyecto.

Navarro reconoció que el Tratado es un "ejercicio de confusión intelectual" en tanto que no aumenta la transparencia de la Unión Europea, pero subrayó que sí refuerza la eficacia de sus políticas, la solidaridad y la democratización de sus instituciones.

Se logrará todo ello, por ejemplo, gracias a la sustitución de la unanimidad por la mayoría cualificada para varias materias relevantes; a la reducción de la Comisión; a la cláusula de ayuda mutua en caso de atentado, catástrofe natural o crisis energética; y también a la inclusión de la posibilidad de iniciativa legislativa popular.

Por medio de un millón de firmas de ciudadanos comunitarios se podrá instar a las autoridades a actuar, y la primera de esas iniciativas está ya registrada y pretende que la Unión legisle de forma horizontal en materia de discapacidad.

El deseo es que todos los Estados ratifiquen el Tratado a lo largo de 2008 para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente. Irlanda es el único que ha confirmado la vía del referendum, y en opinión de Navarro la elección de la parlamentaria por parte de los demás no resta un ápice de legitimidad democrática al nuevo texto legal.

El futuro de la UE se decidirá en gran parte en lo que llamó "informe González", el redactado por el grupo de reflexión presidido por el ex presidente español, que deberá ser presentado en junio de 2010, durante la Presidencia española, en la que ya se trabaja junto a Hungría y Bélgica.

Para Navarro, esa reflexión del grupo de González debe centrar su análisis en dos grandes ideas: seguir construyendo la Europa de los ciudadanos, y potenciar las políticas comunes de la Unión y los valores en los que se basa y que son compartidos por sus ciudadanos.

Es deseable, en su opinión, que el acto de ratificación incluya la incorporación de la Carta de Derechos Humanos, por razones de seguridad jurídica y de visibilidad de los símbolos europeos, como la bandera, el lema o el himno de la UE.

La inmigración y el cambio climático son los dos asuntos que Navarro juzga claves en el futuro de la Unión Europea, y en el primer caso apuesta claramente por seguir impulsando una política común sobre la base del fomento de la legalidad, de la lucha contra la contratación irregular, de la integración, y las ayudas a los países de origen y de tránsito.

El Tratado se ha firmado bajo Presidencia de Portugal y lleva el nombre de su capital, por primera vez una ciudad de un país no fundador. Por ello el encargado de presentar a Navarro fue el embajador de Portugal en España, José Filipe de Moraes.

Ambos fueron preguntados por la sugerencia del escritor portugués José Saramago de integrar España y Portugal bajo una Unión Ibérica.

Navarro no se pronunció abiertamente y se limitó a subrayar la fraternidad y la complicidad entre ambos países y celebró que compartan ahora visiones conjuntas después de décadas e incluso siglos viviendo de espaldas.

Más escueto fue Moraes al recordar que Saramago es un escritor y un intelectual, y sus opiniones "son eso, las opiniones de un escritor y un intelectual".