Con motivo de su asistencia al citado foro de debate, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum y en el que intervino Idoia Mendia, Calparsoro dijo que forma parte del procedimiento que “de vez en cuando haya una discrepancia entre el fiscal general y un fiscal jefe” y “lo normal es lo que se está haciendo, convocar la Junta de Fiscales correspondiente”, y después de escuchar a los fiscales “será el fiscal general el que tenga que tomar la decisión definitiva”.

Calparsoro reconoció que “no es lo habitual, pero tampoco es algo que nos tenga que sorprender, ya que está en nuestra ley”. “No habitual, pero sí legal”, puntualizó.

IMAGEN DEL MINISTERIO FISCAL

Preguntado sobre el supuesto deterioro de la imagen del Ministerio Fiscal, Calparsoro respondió que, por el contrario, también se puede extraer la impresión de que el Ministerio Público es plural, que hay opiniones diversas y que por lo tanto “no somos una estructura monolítica”.

En este sentido, el fiscal superior del País Vasco manifestó que “hay diferentes opiniones y se pueden debatir, para eso están las juntas de fiscales, y es una muestra de democracia interna, aunque por nuestra estructura tengamos de tomar una única decisión”.

Juan Calparsoro reafirmó la “incuestionable” autonomía de la figura del fiscal general, y agregó que el hecho de que el Gobierno haya expresado su deseo de que se interponga una querella “puede entenderse de una manera, igual que el Gobierno catalán ha expresado su oposición a que se interponga esa querella, pero la decisión que adopte finalmente el fiscal general es absolutamente autónoma e independiente y no puede estar sujeta a ninguna orden ni indicación de autoridad ni autonómica ni central”.

PETICIONES, NO PRESIONES

Calparsoro descartó por tanto que el fiscal general haya recibido presiones, aunque sí peticiones, pero se mostró convencido de que en ningún caso ha sido presionado por otras instancias.

“Los fiscales no somos exclusivamente racionales, también tenemos sentimientos, relaciones, etc., y en un contexto determinado puede haber una sensibilidad mayor hacia un tipo de sentimiento público, social o de ideas, o hacia otros, pero presiones no puede haber, ya que por ley sería un delito”, insistió.

Sobre la controversia en las dos posturas de la Fiscalía, la del Estado y la catalana, Calparsoro no quiso pronunciarse y consideró que es una “discrepancia legítima”, ya que las dos posturas pueden ser defendidas razonadamente.