Durante su intervención en Bilbao en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Arriola dijo que “estamos en plazo” en las negociaciones de la comisión bilateral entre las dos Administraciones y confía “en un acuerdo razonable para una interpretación compartida” de la norma que evite hacer realidad la impugnación ante el Constitucional.

La mayoría del PNV en el Gobierno de Euskadi, a diferencia de la parte socialista a la que pertenece Arriola, aduce que la ley invade competencias autonómicas en aspectos como la regulación de las zonas tensionadas.

El consejero de Vivienda afirmó que su departamento ya está haciendo informes sobre las zonas que reúnen las condiciones para ese reconocimiento de mercado residencial en tensión, con la previsión de hacer planes plurianuales de gestión, por lo que ve factible un entendimiento con Madrid.

Por otro lado, el consejero defendió nuevamente una reforma en la fiscalidad de vivienda en Euskadi en la que tendrían que participar las juntas generales y las diputaciones, que se adecúe a los cambios en la demanda de los vascos, que ahora apuestan más por el alquiler que por la compra.

A su juicio, “habría que bajar el pistón en las ayudas fiscales a la compra, e incrementar las destinadas a alquiler o rehabilitación”. Resaltó el dato de que de los 432 millones de euros de gasto fiscal en ayudas a la vivienda, el 75% se lo lleva ahora la compra y no llega al 25% lo que va a parar al alquiler.