El director de AI España destacó que la Ley Integral contra la Violencia de Género es "buena", se han creado recursos, juzgados específicos y se han hecho esfuerzos importantes por documentar las denuncias. "Pero también tenemos en los dos últimos años una disminución de la intensidad y la prioridad del Gobierno sobre violencia de género", denunció. En este sentido, Beltrán recalcó que el Estado "ha delegado una parte de las responsabilidades en las comunidades autónomas" y quiso dejar claro que "es función del Estado central responder a la convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación a la mujer". A renglón seguido, comentó que el Gobierno español tiene que presentar su informe el próximo año sobre esta cuestión y se preguntó "qué va a decir: que en determinadas comunidades funciona dar hostales y albergues a mujeres" maltratadas. El director de AI dijo que el Ejecutivo "tiene que responder por ello y, por lo tanto, tiene que ser apoyado por las comunidades autónomas y lograr unos mínimos comunes dignos de protección en todo el Estado, que actualmente no se dan" e indicó que estos niveles mínimos sólo se conseguirían con recursos y con voluntad política. "No puede ser que en una comunidad autónoma haya un centro de recursos integral y en otra no. No puede ser, es como si una víctima de la tortura pudiera tener más protección en Extremadura que en Cataluña", defendió Beltrán. Además, Beltrán expresó la "preocupación" de AI por el "elevado" número de víctimas mortales de la violencia de género que son inmigrantes. Además, lamentó la existencia de una instrucción del Ministerio del Interior de julio de 2005 por la que se ordena la apertura de expediente de expulsión a una mujer inmigrante irregular que denuncia malos tratos en comisaría. "Hay una confusión entre no tener papeles y no tener derechos", dijo Beltrán, que concluyó que "hasta ahora no ha habido expulsiones por este motivo, pero una inmigrante boliviana, que no se atrevió a denunciar a su pareja por temor a ser expulsada, fue asesinada". "Esto es intolerable, es una confusión no tener papeles con no tener derechos, es como si a una mujer española fuera a denunciar violencia género y le dijeran: ?voy a consultar el ordenador de Hacienda a ver si estás al corriente de tus pagos tributarios?: sería insólito", aseveró. Por ello, Beltrán concluyó que "esperamos del Ministerio de Igualdad y del Gobierno un plan que haga que las mujeres inmigrantes (irregulares) víctimas de violencia de género tengan la misma protección del Estado que las personas que están legalmente en España", concluyó.