Para la presidenta del regulador, la TUR, en primer lugar, debería “armonizarse entre los países europeos”. En la regulación comunitaria esta tarifa se circunscribe a los consumidores en posición vulnerable no por su nivel de renta, sino por cuestiones de cobertura de la demanda (por dificultad en el suministro, debido a la ubicación), lo que obliga al suministrador a dar cobertura aunque sea a un precio superior.

A juicio de María Teresa Costa, no se trata, por lo tanto, de que todos los consumidores domésticos estén acogidos a la Tarifa de Último Recurso.

A su juicio, además, los consumidores españoles no tienen un conocimiento profundo ante la liberalización del sistema eléctrico, lo que ha llevado a que la mayoría se haya quedado con la TUR, sin buscar un precio mejor en el mercado y sin buscar un comercializador diferente.

Además, agregó, las ofertas del mercado libre “no expresan una competencia importante” y, de hecho, suponen ahorros “irrelevantes, muy pequeños”. Por eso, para la presidenta de la Comisión “hay un problema de regulación, o de alguna otra cosa”, ya que “la competencia no lleva a precios iguales”, dijo.

Asimismo, María Teresa Costa criticó la “opacidad” del actual recibo de la luz, que dificulta que el consumidor doméstico esté bien informado. En su opinión, “debería revisarse la actual factura y deberían cambiar los criterios de información que se dan al consumidor”.