En el encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en la capital, Ayuso afirmó sobre Campo y Díez que “su pública y notoria vinculación con el PSOE” hace que estén contaminados para pronunciarse sobre la amnistía.

La mandataria madrileña señaló que recurren esta ley porque el Ejecutivo madrileño considera que está escrita “al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña arbitraria y obscenamente inconstitucional”. Además de ello, aseguró que la Comunidad de Madrid no puede quedarse “de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia”.

Defendió que borrar los delitos de los condenados del ‘procés’ supone “otro paso más” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “en su operación de destrucción del Estado de derecho para seguir en el poder por la mínima”.

Asimismo, sostuvo que en la tramitación de la ley de amnistía “se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso”, lo que ha dado lugar a “una reforma encubierta de la Constitución”.

Además, apuntó que esta forma de tramitar una amnistía “ni en las dictaduras sucede”. Por este motivo, señaló que desde el Gobierno madrileño se hará “todo lo que está en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir a España en este proceso”.

En cuanto a la recusación de dos magistrados del Constitucional, apuntó que Campo ya ha pedido abstenerse en el recurso planteado por el Tribunal Supremo y que la vinculación de estos dos magistrados con Sánchez y el PSOE “les inhabilita” para pronunciarse sobre este asunto.

El Ejecutivo autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de junio, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos emitieron un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.

En su argumentación, se denunció que la ley de amnistía "afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta la Constitución y defiende que el Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales".

La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley "que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma en concreto, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución".

Además, sostuvo que supone una ruptura con la separación de poderes "porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". Por último, también recoge que la ley de amnistía fue aprobada sin atender los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces, la asociación mayoritaria de fiscales, los letrados del Senado y los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso.