Así lo afirmó durante su intervención en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde afirmó que desde que se aprobó la Ley de Vivienda, hace dos años, “España ha perdido 120.000 pisos del mercado del alquiler”.

Rodrigo recalcó que el problema de la vivienda es “el mayor desafío” que afrontan las administraciones competentes. Un desafío ante el que el Gobierno central “responde desde el intervencionismo, la imposición ideológica y el desprecio más absoluto a la seguridad jurídica y al marco constitucional”.

El consejero señaló que, “mientras Madrid representa un modelo de libertad, de iniciativa privada, de colaboración público-privada, de respeto a la propiedad y la eficacia”, el Gobierno de Pedro Sánchez “nos quiere imponer un modelo que es totalmente distinto y diferente: el de la planificación centralizada, el control de precios, la demonización del propietario y el castigo a quien invierte, construye o alquila”.

En este sentido, comentó que “un buen ejemplo de ello” es la Ley de Vivienda, una ley aprobada con los votos de los partidos que “llevan años atacando sistemáticamente a la propiedad privada” y, además, “de espaldas a las comunidades autónomas, sin diálogo, sin consenso, con tintes claramente ideológicos y con un propósito intervencionista que ha fracaso ahí donde lo han intentado aplicar”.

Por todo ello, recordó que desde la Comunidad de Madrid presentaron un recurso contra esta Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional, porque “han introducido mecanismos como la limitación de precios en zonas tensionadas que han provocado justamente lo contrario de lo que prometían: menos vivienda disponible, menos inversión y más desconfianza”.

En este sentido, el consejero madrileño apuntó que, en Cataluña, la comunidad que ha aplicado “con más entusiasmo” esta norma, “el número de pisos en alquiler ha caído y los precios no han bajado. Además, añadió que, “desde que se aprobó la Ley de Vivienda, España ha perdido 120.000 pisos del mercado del alquiler”.

Por esta razón, en la Comunidad de Madrid “no vamos a declarar zonas tensionados” y aclaró que se trata de “una declaración de carácter potestativo que se encuentra dentro de nuestro ámbito competencial sin que ello supongo incumplir la ley”, por lo que “no nos estamos declarando insumisos”.

Por esta misma razón, “exigimos la derogación de la Ley de Vivienda, una norma absolutamente innecesaria que está destrozando el mercado del alquiler en toda España”, concluyó el responsable de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.