Durante su intervención en el Fórum Europa --organizado por Nueva Economía, con la colaboración de Europa Press-- Rojo, preguntado al respecto, admitió que el término "veto" resulta "duro" porque significa "no te permito, no te acepto y te prohíbo". "No cabe duda de que, además de que legalmente no puede hacerse, tampoco sería el mejor camino para que las cosas funcionaran mejor", agregó.

El Presidente del Senado explicó que en 1996, cuando se puso en marcha la anterior reforma de la Cámara, se planteó el veto como defensa de los hechos diferenciales, pero que, sin embargo, no ha habido "ni un solo precedente" donde haya habido "menoscabo" para las peculiaridades de alguna comunidad autónoma, sino que solo han existido discrepancias entre administraciones central y autonómicas.

Por ello, propuso que, en vez del veto, se aproveche la reforma constitucional del Senado para regular en esta institución instrumentos que permitan la negociación entre administraciones. A su juicio, este mecanismo sería más eficaz que un veto a la hora de defender los hechos diferencias y, al mismo tiempo, serviría para fortalecer las relaciones del Estado con las CC.AA.

Previamente, y al referirse a cuestiones generales sobre las reforma constitucional y las estatutarias, Rojo se mostró convencido de que el modelo de Estado no se basará en un "café para todos", sino que cada Comunidad elaborará sus demandas, buscando que no se realicen planteamientos de insolidaridad. Lo que sí dejó claro es que no habrá reforma si no hay acuerdo entre PP y PSOE, ya que ambos partidos son "la columna vertebral" de las reformas.

Además, aseguró que si finalmente si no se lleva a cabo la reforma constitucional "cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades". De hecho, recalcó que en tal caso, "yo no iré a la próxima campaña electoral a decir que la reforma se hará en otra legislatura, sino a explicar por qué no se hizo".

En opinión de Rojo, esta reforma es una "exigencia ineludible", aún más cuando está planteada con "espíritu reformista" y no supondrá una "fractura" de la Constitución, puesto que no alterará la estructura ni denominación del Senado, ni supondrá abrir un periodo constituyente, sino que promoverá el "fortalecimiento" del Estado, con rechazo a "propuestas soberanistas y confederadas".

Para el presidente del Senado, dentro del proceso de reformas estatutarias, las pretensiones de mayor autogobierno exigen "como contrapeso" una mayor implicación de las autonomías en los poderes estatales y "no sería prudente" avanzar en este sentido sin reformar las instituciones comunes.

Esto llevaría consigo la consecución de un Senado configurado en base a tres aspectos: como lugar de encuentro en cuanto a diversidad territorial y hechos diferenciales, y como "cúspide" del sistema de colaboración entre Estado y CC.AA. La fórmula de trabajo para conseguir este objetivo sería, a su entender, "exigir lealtad y no estar en la permanente confrontación".

En cuanto a las funciones de la Cámara Alta, Rojo apostó por que ésta pueda asumir competencias de primera lectura o capacidad para realizar informes previos en normativas y leyes de desarrollo autonómico y directamente vinculadas al Estado de las Autonomías, como podrían ser la reforma de los estatutos, las leyes-marco de delegación de competencias o la financiación autonómica.

Es más, sobre este último punto, propuso que el Senado sirva para abordar los principios que deben regir el sistema de financiación, para contribuir a hacerlo más eficaz en suficiencia, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, así como "lugar común" para acordar las políticas de inversión estatal.

También recordó que el Senado participa en el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que por tanto, su reforma podría "dar solución" a la petición de las CC.AA. de participar en la elección de miembros de dichos órganos, ya que en ellos se deciden y administran asuntos que tienen relación con sus atribuciones y competencias.

Por último, Rojo insistió en que la Cámara estudia actualmente su reforma reglamentaria para regular el uso de las lenguas autonómicas en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, si bien recalcó que su normalización en plenos y resto de comisiones estaría vinculada a la futura reforma constitucional.