Rubio Llorente manifestó esta opinión en el Foro de la Nueva Sociedad, organizado por Nueva Economía Fórum, donde se mostró satisfecho y orgulloso de que, a diferencia de lo ocurrido en el CGPJ, la institución que preside lograra aprobar un dictamen unánime.

El veterano jurista insistió en que el Consejo tiene la “obligación” de emitir un dictamen y juzgó “peligrosísima” la confusión que a veces se produce entre el funcionamietno de los órganos “electivos” y los colegiados.

En el caso de los órganos electivos, donde sus miembros representan a los que les votaron, éstos “son dueños de su voto”. En los órganos colegiados, como el CGPJ, sus componentes “son dueños del sentido de su voto, pero no de su voto”, por lo que, a su juicio, están obligados a votar y no deben abstenerse.

En el caso del dictamen sobre la reforma de la Ley del Aborto, se produjo un empate sobre el dictamen redactado por Margaria Uría, que era favorable al proyecto del Gobierno y que no logró mayoría de ninguna de las partes por la abstención del magistrado electo a instancias de CiU, Ramón Camp.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno no incorpore alguna de las recomendaciones del Consejo de Estado en materia de aborto, Rubio dijo que la función de este órgano consultivo es “ser un colaborador leal del Gobierno” y, por tanto, no ve en el dictamen “ningún motivo de preocupación”.

SÍMBOLOS RELIGIOSOS

También respondió a una pregunta sobre el traslado a la legislación española de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que aboga por la supresión de símbolos religiosos de las escuelas públicas.

Recordó que la aplicación de estas sentencias no es “obligatoria” desde el punto de vista jurídico, aunque la doctrina que establece puede tener “consecuencias políticas”.

Aseguró, además, que la relación entre el Estado y la iglesia es uno de los problemas “más difíciles de resolver” que tienen sobre la mesa los gobiernos europeos.