En su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum con la colaboración de Europa Press y el patrocinio de ING Direct, British Telecom y Somersen Narbona explicó que "una razón muy clara" para que España respalde el nuevo texto constitucional es que "consolida un proyecto que para España supone una garantía más de su unidad territorial". Apuntó también que fortalecerá las instituciones democráticas y la participación de la ciudadanía europea.

La ministra defendió la Constitución refiriéndose a aquellos de sus contenidos que garantizarán el desarrollo sostenible de la UE y de España. "Eso explica el amplio consenso que existe en la sociedad española, incluso desde muchas personas que no conocen bien el texto pero que se sienten implicadas en seguir adelante", añadió. Así, recordó que desde su adhesión en 1986, España se ha beneficiado de las ayudas europeas en materia de medio ambiente, que han cubierto "la mitad o más" de los gastos en esta materia. "Si España ha avanzado tanto en medio ambiente es en gran medida por la exigente normativa europea que se han destinado a infraestructuras medioambientales", como las depuradoras.

En su opinión, aunque "menos ambiciosa" en materia medioambiental "de lo que habría podido gustar", la nueva Constitución se ha elaborado logrando un "mínimo común denominador" a partir del cual "seguir avanzando". "Reafirma el liderazgo medioambiental mundial" de la UE, aseguró refiriéndose a cuestiones como el cambio climático, el control de los tóxicos o la preservación de recursos naturales.

Explicó que la Constitución garantiza que todas las políticas europeas atenderán de forma transversal al desarrollo sostenible, y que supone el reconocimiento "de los bienes comunes y de la responsabilidad de la Unión consigo misma, con el resto del mundo y con las generaciones futuras". De este modo, el planteamiento económico irá "más allá de los objetivos tradicionales del PIB y el empleo", introduciendo el Medio Ambiente "como parte de la estrategia", porque "la competitividad no debe en absoluto ser contradictoria con la sostenibilidad medioambiental", consideró.

La ministra apuntó que la defensa del desarrollo sostenible en la Ley fundamental europea se articula también en los artículos que establecen los derechos de los consumidores, las condiciones justas de trabajo, el derecho de los ciudadanos a una buena Administración o el uso racional de los recursos.

CORRESPONSABILIZACION

Asimismo, consolida también principios como "quien contamina paga", que ponen de manifiesto "la necesidad de corresponsabilizar a todos los ciudadanos", tanto en el respeto al entorno natural como en las inversiones y gastos que ello conlleva.

"España va a tener que ir reduciendo gradualmente el recurso al presupuesto público para atender determinadas inversiones ambientales y va a tener que ir aumentando claramente la corresponsabilización ciudadana en relación con los problemas ambientales -indicó Narbona-, y también la participan y la concertación con la iniciativa privada a la hora de hacer este tipo de inversiones".
En este sentido, la ministra explicó que los esfuerzos de inversión pública, a menudo con ayudas europeas, "no se están materializando adecuadamente" a la hora de mantener las infraestructuras medioambientales, que son "enormemente costosas". "Es extraordinariamente difícil que los ciudadanos entiendan que si ellos han producido la contaminación, deben participar en los costes", añadió.