En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Daniel Calleja señaló que entre los desafíos a los que se enfrenta el segundo mandato de Von der Leyen destaca el de “la defensa de los valores europeos”.

Calleja subrayó que “tenemos que seguir trabajando en preservar nuestra democracia frente a las presiones tanto externas, por injerencias, como internas”, ya que añadió que “sin democracia no hay paz ni seguridad ni progreso”.

En este marco esgrimió el recién adoptado escudo europeo de la democracia que “quiere impulsar la capacidad de Europa para contrarrestar la manipulación de la información y la desinformación”.

Un escudo, explicó, que pretende “reforzar nuestras instituciones, proteger las elecciones libres y los medios de comunicación independientes”, así como “garantizar que los europeos puedan ejercer sus derechos y participar en la vida democrática”.

A este respecto, aseveró que el escudo para la democracia dotará a la UE “de medios para asegurar que las elecciones sean independientes, garantizar que haya transparencia, y evitar que haya manipulación desde el extranjero”.

En segundo lugar, destacó que la UE cuenta también con la Ley de Servicios Digitales, y recordó que, con motivo de unas elecciones recientes en Rumanía, “detectamos unas anomalías en las plataformas, en una plataforma en concreto, que estaban incidiendo en el resultado electoral”.

Ocurrió, dijo, que “un candidato fuera de plazo seguía recibiendo mensajes, seguía muy activo y tuvo un resultado que sorprendió a muchos”.

Por ello, afirmó que “la Unión Europea actuó, la Comisión actuó y en base a la Ley de Servicios Digitales requirió inmediatamente a la plataforma que nos que pusiera a nuestra disposición todos esos datos”.

Ahora, señaló que “se ha abierto un expediente y se pueden adoptar sanciones si se prueba que hay una injerencia o una manipulación”.

El tercer instrumento, concluyó, es la legislación de los Estados miembros, ya que “Europa puede intervenir en el ámbito de las elecciones europeas, en el ámbito de las elecciones nacionales debe aplicarse la legislación de cada Estado miembro”.