Rodríguez negó en el acto organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid que se esté produciendo un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición de Gobierno, después de que las ministras de Unidas Podemos, especialmente la de Igualdad, Irene Montero, y parte de su equipo, hayan criticado a los jueces por la interpretación de esta norma.

La portavoz del Ejecutivo reafirmó la idea de la que la “voluntad” tanto del Gobierno, primero, como del Parlamento, después, con esta ley no era otra que “la de la protección de las mujeres y condenar al agresor”.

“Esa es la voluntad y la inspiración de la ley”, remarcó, pero reconoció la “preocupación” ante estos casos conocidos de rebajas de penas. “Se comprende la preocupación ciudadana, que es también la del Gobierno”, pero lanzó un “llamamiento a la prudencia”.

"Permítanme también un llamamiento a la prudencia, a poder estudiar de qué se trata en cada una de estas sentencias, a hacerlo desde el rigor y a confiar también en la acción de la justicia, de la Fiscalía, para esa acción de unificación de doctrina", defendió.

“Mi absoluto respeto a todos los jueces y juezas, desde juzgados de primera instancia hasta los magistrados, en su trabajo y en su desempeño", apuntó la portavoz, para después añadir que "es muy importante que no olvidemos nunca la separación poderes". “El nuestro es el Poder Ejecutivo, le acompaña el Poder Legislativo, y los jueces (son) los que interpretan y aplican la ley, y hay que mantener siempre ese respeto absoluto a la acción de los jueces, es el respeto del Gobierno y el mío personal”, sentenció Rodríguez.

Por tanto, la ministra lanzó un llamamiento a la "prudencia y la confianza, en la acción de la justicia y en la acción de la Fiscalía a la hora de unificar esta doctrina sin olvidarnos que el espíritu de la ley no es otro que la protección de las mujeres ante las agresiones y la condena a sus agresores", subrayó.

En esta línea, apuntaron fuentes de La Moncloa presentes en el acto de la portavoz, el Ejecutivo está estudiando estos casos y está pendiente de la situación pero apelando a la prudencia y sin olvidar que la voluntad de la ley era la de proteger todavía más a las mujeres. Explicaron que cuando se apela a la unificación de doctrina no implica la intervención del Tribunal Supremo y, por tanto, que el tiempo pase hasta que alguien recurra un cambio de sentencias. Sino que los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos o la Fiscalía pueden pronunciarse y establecer unificación de criterio.

De hecho, La Moncloa indica que en La Rioja se han producido hasta 55 revisiones de sentencia que han sido rechazadas con la nueva norma, lo que les permite sostener que hay que estudiar la situación y no tomar decisiones rápidas sobre la aplicación de la norma.