Serrano manifestó en el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum que “la declaración de una edificación asimilada a fuera de ordenación no modifica su carácter ilegal”, sino que garantiza la habitabilidad sostenible de la misma.

María Jesús Serrano ha querido dejar claro que en materia de ordenación del territorio “es preciso anteponer ante todo el principio de legalidad, que está por encima de cualquier consideración, y, en particular, la eficacia del planeamiento urbanístico como garante del buen orden territorial”.

También ha señalado que, según las leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Autonomía Local de Andalucía, la disciplina y protección de la legalidad urbanística “es competencia de los ayuntamientos”, mientras que a la Junta se le atribuye la intervención en determinados actos para la tutela de bienes o derechos de interés general. En este sentido, la legislación delimita un ámbito de responsabilidad compartida entre la Administración autonómica y la municipal, como es la inspección urbanística y, en general, las tareas preventivas.

Junto a estas dos leyes, la consejera de Ordenación del Territorio del gobierno andaluz destaca el Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en suelo no urbanizable. El decreto regula los requisitos y procedimientos para integrar los asentamientos, de acuerdo con el modelo territorial y urbanístico, en la ordenación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, como una vía de reconducirlos a la legalidad.

Establece tres formas de incorporación: mediante la clasificación como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable, siempre y cuando se trate de asentamientos contiguos a núcleos ya existentes; reconduciendo a la legalidad a estas edificaciones como Hábitat Rural Diseminado, que contempla la incorporación en el PGOU en suelo no urbanizable o incluso en suelo no urbanizable de especial protección, siempre que la normativa que los regule sea compatible con la preservación de los valores naturales; o la solución de otras situaciones, como las de las “edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación”, conocidas también como ‘alegales’.

Estas última son las que se han realizado infringiendo la normativa urbanística y sobre las que han transcurrido ya los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. Es decir, edificaciones realizadas de forma irregular y en las que esta irregularidad haya prescrito.

En opinión de la consejera, la declaración de una edificación asimilada a fuera de ordenación “no modifica el carácter ilegal” de la misma, sino que garantiza la habitabilidad sostenible de las viviendas que se encuentren en esa situación, posibilitando el acceso a los suministros básicos (luz, agua,...).

Con ello se permite a la Administración imponer a los propietarios medidas compensatorias que garanticen la seguridad de las edificaciones y su entorno; y en cierta forma su acceso al registro de la Propiedad.

Por último, la consejera ha querido señalar que “desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos comprometemos a ayudar a aquellos ayuntamientos que no tienen medios a su alcance para que puedan llevar a cabo un buen orden territorial. El objetivo es analizar y estudiar las situaciones concretas que existen en todo el territorio andaluz, con lo que se pretende seguir avanzando en la mejora de la normativa para dar respuestas y también prevenir y controlar en la comunidad autónoma este complejo problema urbanístico.