En una intervención muy centrada en la corrupción, Bravo valoró también el último caso que afecta al PP en la Comunidad Valenciana y dijo que la ‘operación Taula’, derivada del caso Imelsa, que ha llevado ante el juez a la práctica totalidad de la cúpula de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal del partido, le produce una “profunda indignación” como a cualquier ciudadano. Estos procesos de corrupción, señaló Bravo, “van sumando desconfianza” en las instituciones y “van minando” el sistema democrático.

“Es el momento de la justicia”, aseguró Bravo en el desayuno informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, convencida de que se actuará con contundencia contra los cargos públicos que hayan usado su posición para cometer delitos.
 
Sobre la situación del PPCV, la consejera estimó que al margen de lo que los tribunales resuelvan “es el momento de exigir responsabilidades políticas y aplicar códigos éticos”. “Se necesita algo más que pedir perdón”, insistió Bravo, a la que presentó en el acto Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre el asunto de los aforamientos, Bravo señaló que “exige una revisión” y que comparte la crítica en cuanto a que es excesivo el número de aforados. Así, señaló que tanto a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana como en cualquier otra, “no pasaría absolutamente nada porque quienes ejercen responsabilidades públicas fueran sometidos a la jurisdicción ordinaria”.

Sin embargo, la consejera de Justicia valenciana no comparte que los jueves y fiscales deban dejar de estar aforados. Estos -señaló Bravo, que es fiscal aunque rechazó que su opinión respondiera al “corporativismo”-“sí deberían mantener el aforamiento” porque “cualquier juez o fiscal está expuesto a que su resolución judicial no haya gustado” o a que su calificación se entienda que como “desproporcionada”.

Bravo consideró que si la investigación de estos hechos la tiene que hacer “el compañero de al lado” esto generaría “ciertas distorsiones en cuanto a transparencia, equidad e imparcialidad”. “Es mucho más efectivo que un órgano ajeno y distinto que no sea tu compañero de jurisdicción examine estos hechos tal y como está configurado ahora” el sistema, señaló la consejera.

Preguntada por su opinión sobre en qué momento –en el de la imputación, la apertura de juicio o la sentencia condenatoria- cree que debería dimitir un cargo implicado en corrupción, Bravo aseguró que “los tiempos procesales no deben determinar las decisiones políticas. No obstante, consideró que España necesita “madurar” en este aspecto y mirarse en Europa (donde dijo que es “admirable” ver dimisiones de cargos públicos antes de que se tomen decisiones por parte de la Justicia, “cosa que en nuestro país no ocurre”) para que cualquier persona que esté al frente de responsabilidades políticas tenga un código ético “de alguna forma superior”.

Bravo echó en falta “la mayor aplicación de responsabilidades políticas, que nada tienen que ver con las penales”, subrayó. Empezar por ahí, consideró Bravo, “sería recuperar confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en la democracia”.