La Generalitat Valenciana critica a Montero por no autorizarle dar ayudas a fondo perdido
La Generalitat Valenciana critica a Montero por no autorizarle dar ayudas a fondo perdido
Así se expresó Merino en este evento organizado por Nueva Economía Fórum en Valencia, donde denunció que “la ministra Montero no me llamó durante muchísimos días” y aseguró que solo han hablado una vez desde la tragedia del 29 de octubre.
Sobre dicha conversación, lamentó que Montero le cerrara la puerta a recibir recursos a fondo perdido y solo le permitiera endeudarse lo que haga falta sin que compute en términos de déficit y techo de gasto para atender a los afectados cuando durante la pandemia sí autorizó que esa comunidad autónoma recibiera 2.000 millones.
En referencia a la posibilidad de recibir esas ayudas a fondo perdido, cuestionó la tesis de La Moncloa de que haga falta que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). A este respecto, garantizó que las ayudas que pueda aprobar su Ejecutivo no dependerá de que haya o no presupuestos en 2025.
Por otro lado, exigió a Montero la reforma del sistema de financiación autonómica para terminar con la discriminación de la Comunidad Valenciana “tras décadas de infrafinanciación. “La deuda es insostenible y el déficit estructural”, denunció Merino, quien reveló que los intereses que debe afrontar la Generalitat en 2025 alcanzan los 1.200 millones.
Por ello, afirmó que “es muy triste y humillante que si ahora se habla de financiación autonómica es porque los socios independentistas del Gobierno lo necesitan” porque quieren un sistema singular y la condonación de la deuda. “La cruda realidad es que el Gobierno maltrata a la Comunidad Valenciana financieramente hablando y eso es más duro en momentos tan trágicos como ahora”, añadió.
En esta línea, criticó también que el Gobierno haya acordado con Junts que la recaudación del impuesto a la banca se reparta en función del PIB y no de la población. “Es indignante”, sentenció Merino, quien explicó que eso beneficia a Madrid y Cataluña mientras perjudica a la Comunidad Valenciana y Andalucía.