Este miércoles por la tarde concluye el plazo de 48 horas que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que ordene la retirada de todas las banderas esteladas y lazos amarillos de edificios públicos de la Generalitat con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderos públicos ante las elecciones generales del próximo 28 de abril.
 
Durante el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Puigneró aseguró que “el Gobierno catalán está analizando jurídicamente la decisión de la JEC y en breve daremos una respuesta” sobre la retirada de los lazos amarillos.
 
Puigneró defendió que "el lazo amarillo no identifica ningún partido político en concreto y, por lo tanto, no es ningún símbolo partidista", sino que “es un símbolo de defensa de los derechos humanos y fundamentales como lo son otros”.
 
El político catalán insistió en que "el lazo amarillo sirve también para denunciar una situación de represión de derechos fundamentales en España y hay mucha gente que se siente identificada con los lazos amarillos”.
 
El presidente de la Generalitat y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia en Fiscalía si no cumplen con la orden de la Junta Electoral.
 
Al ser preguntado a qué atribuye la decisión de la Junta Electoral Central, Puigneró apuntó que “en primer lugar parece ser que hay dos magistrados de la JEC que forman parte del Supremo. Por lo tanto, tendríamos que analizar con más profundidad que vinculaciones hay detrás”.