El consejero puso como ejemplo la distribución en 33 comarcas de su Comunidad Autónoma, adecuada a las caracterísitcas de la región, condicionada por la elevada dispersión de la población. "Muchos problemas no tienen solución para los pequeños municipios --explicó Boné-- porque no se puede simplemente afrontar la gestión de los residuos en cada pueblo, poniendo un vertedero y un camión de basura y una planta por cada 100 habitantes. Hacen falta constituir nuevas entidades locales, y en Aragón creamos las comarcas, que no era una cosa nueva, sino que recogía la herencia de las mancomunidades", señaló el consejero en la conferencia 'Política territorial, medio ambiente, y desarrollo sostenible. La implicación de las comunidades autónomas', organizada por el Foro de la Nueva Economía.

Estas entidades son, para Boné, "la solución ideal, porque nadie entiende mejor los problemas de un territorio que quienes viven en ese territorio", y se diferencian del modelo catalán en tanto que, según el titular de Medio Ambiente, se transfieren no sólo las competencias, sino los recursos que se precisan para desempeñar los servicios de más difícil gestión.

Según dijo, el modelo ha dado un resultado "excelente" a pesar de las controversias que se produjeron en su puesta en marcha en el año 93, aunque señaló que "esta es la solución para Aragón, pero no es necesariamente la adecuada para regiones con municipios más grandes". La comunidad aragonesa acoge al 3% de la población española en el 10% del territorio nacional, y la mitad de sus habitantes viven en la capital, Zaragoza.

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, que también participó en el encuentro, comentó que este problema se reproduce a escala urbana e incluso supranacional. Así, constató que, en el caso de la ciudad, se está llegando a un modelo de "ciudad dispersa", donde los crecimientos mayores se producen en el área metropolitana o de influencia, "donde se suceden viviendas sin continuidad y en tierra de nadie, por lo que mucha gente recorre hasta 100 kilómetros todos los días para ir a trabajar", lo que representa un problema para atender los servicios básicos. Asimsimo, en el caso de los países, Serano explicó que en la Unión Europea hay un 20% del territorio en Centroeuropa donde vive el 40% de la población y se concentra el 50% del PIB, por lo que España pertenece a la "periferia de Europa", y esto genera problemas, como el transporte.

Boné en el coloquio que siguió a las intervenciones reclamó, por otra parte, que la valoración medioambiental no se sitúe en el último lugar de un proceso complejo para la autorización de proyectos u obras públicas. Así, dijo encontrarse con proyectos que ya tienen la financiación, "la parte más difícil", pero que no son ni "social ni ambientalmente aprobables". "La sostenibilidad debe ser uno de los primeros criterios en la evaluación de las iniciativas --dijo--, junto con la consulta a la opinión pública".

"Debe garantizarse la participación social efectiva - señaló por último -, comprometido con la transparencia, con la información, deben someterse los procedimientos a la opinión pública, pero sin exagerar ahora, sino en su justo término. La voluntad social no puede sustituir a la Administración", concluyó.