El arzobispo, que mantiene su presencia en el Comité Ejecutivo de los obispos, entiende que la Iglesia española conservará sus principios en aspectos que afectan a la relación con el Estado, como la Educación religiosa, el uso del preservativo, y el derecho a la dignidad de la vida humana (aborto, investigación con células madre, eutanasia, etcétera). Rouco entiende que el relevo de los cargos es "un capítulo más de la historia" de la Conferencia Episcopal que no debe interpretarse con una "lectura política". En este sentido, descartó la hipótesis de que se haya producido un voto de castigo por parte de algunos obispos, como los de corte nacionalista. "Tenemos todos una relación excelente de fraternidad. Yo no haría ese juicio", significó.

Respecto al "talante" del nuevo presidente, considera que "se reduce a la forma de llevar la Asamblea Plenaria". "El presidente tiene una tarea única nada más, unos lo hacen con un estilo y otros con otro diferente", valora. Por ello, no cree que vayan a cambiar las relaciones con el Gobierno a raíz de la nueva elección.

LA LIBERTAD RELIGIOSA

Más allá de los cambios en la CEE, en su conferencia, Rouco defendió la libertad religiosa, reconociendo implícitamente que persiste el acoso a la Iglesia. Preguntado por un supuesto acoso del Gobierno, consideró "evidente" la existencia de "posiciones de todo signo y actuaciones en todos los ámbitos de la vida social donde se vive ese laicismo que quiere recortar la libertad de la Iglesia". El discurso de Rouco versó alrededor del trinomio 'Iglesia, Sociedad y Política', sin el cual, "es imposible la concepción de la sociedad Española". En este sentido, defendió la presencia de la Iglesia en ámbitos sociales como el ordenamiento jurídico o la educación.

Resumió en cuatro puntos los servicios de la Iglesia a la Sociedad: la salvaguarda de la persona humana, la enseñanza y la formación moral de las conciencias a partir de los principios cristianos, la acción social y la aportación cultural. Respecto a la Educación y, en concreto sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública, Rouco considera que "no es propiedad del estado y entronca con el derecho de las personas, de la sociedad y de quienes quieren intervenir en ese proceso". Además, advierte de que "el Estado no es fuente de la ética, sino que vive de la ética que surge de las fuentes de la sociedad". "Hay que colocar el fundamento ético del Estado más allá del poder", puntualizó.

En lo que se refiere al derecho a la vida, calificó de "error" poner esta cuestión "en conflicto con el progreso en la investigación" (los estudios con células embrionarias). En relación con este tema, a preguntas sobre la situación que se vive en el Hospital Severo Ochoa de Madrid y el debate sobre la eutanasia dijo que "la sociedad no puede marcar al forma de morir" del ser humano.

Otro tema abordado por Rouco fue la inmigración. Sobre este asunto, manifestó la voluntad de la Iglesia de cooperar con las autoridades en la atención de las necesidades básicas de los inmigrantes, así como en el proceso de regularización, si bien señaló la necesidad de controlar los flujos migratorios para que no se produzca un "desequilibrio demográfico" que provoque, por ejemplo, un recorte en las prestaciones de la Seguridad Social. El arzobispo también fue preguntado en el foro por la cuestión de la financiación. Respecto a este punto, Rouco recalcó que "la iglesia no goza de un fondo Estatal", sino una "ayuda técnica" a la hora de gestionar las aportaciones que realizan los ciudadanos a través del impuesto de la renta.

EL FUTURO PAPA

Rouco, concluyó su intervención respondiendo con ironía a los que se interesaron por la posibilidad de que el Papa Juan Pablo II sea sucedido por un prelado español: "Para responder a esta pregunta hay que enviar un correo celestial, dirigido a las puertas del altísimo y preguntarle al Espíritu Santo". En su intervención ante el Fórum Europa, Rouco fue arropado por la presencia del Nuncio Apostólico, Manuel Monteiro, sus obispos auxiliares en Madrid, Eugenio Romero Pose y Fidel Herráez, así como algunos miembros de la curia madrileña. También contó con la presencia institucional del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza y el Defensor del Menor de Madrid, Pedro Núñez Morgades.