Así lo señaló durante su intervención durante dicho desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde desgranó las claves de la futura Ley universitaria que dará respuesta a los retos y desafíos que afrontan las enseñanzas superiores en la región.

Entre los principales ejes y novedades de la Lesuc, Ayuso destacó que la primera Ley de Enseñanzas superiores de la región universitaria más importante de España “unificará de forma pionera todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas, y las escuelas de negocios”. Además, este reconocimiento legal “tenderá puentes entre la formación y el empleo, y fomentará el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional”.

La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia “afronta el desafío de la formación dual creando un distrito único de prácticas, con una comisión de coordinación en la que intervendrán todos los agentes interesados, y una aplicación informática unificada, para lograr que ningún estudiante universitario ni de Formación Profesional se quede sin prácticas”, aseveró la presidenta regional.

En este sentido, incidió en que la Ley apuesta por proteger las Humanidades y fomentar la lengua española en la vida universitaria, con medidas como la rebaja de tasas a los estudiantes hispanoamericanos para que paguen lo mismo que cualquier joven español o de la UE. Además, se exigirá un mínimo de español homologado para estudiar en universidades públicas y privadas, excepto en los títulos que se impartan en origen en otro idioma.

En cuanto al nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que será plurianual y revisable cada cinco años, incluirá tres niveles: una financiación básica para el normal funcionamiento de los campus; otra para necesidades singulares que permitirá, por ejemplo, la rehabilitación de edificios; y una tercera adicional y opcional por la consecución de distintos objetivos, como potenciar la formación dual en títulos de grado y máster o fomentar pruebas de admisión que aumenten la exigencia en el acceso a grados como Educación Infantil y Primaria, entre otros.

Para completar esta financiación, se proporcionará a estos centros nuevas herramientas de financiación como la gestión de sus propias carteras de inversión, el préstamo interuniversitario de sus remanentes en unas condiciones preferentes, la gestión de sus propios inmuebles, la activación de una central de compras que permita abaratar costes o el desarrollo de servicios comunes de gestión administrativa.

Otras de las novedades de la futura norma serán el reconocimiento de las acreditaciones de profesores de toda España, siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto; la posibilidad de que las universidades reconozcan créditos por actividades de voluntariado; el acceso de alumnos y profesores de FP superior a convocatorias propias de investigación por primera vez en España; el impulso de la colaboración público privada en el ámbito universitario; el reconocimiento de las escuelas de negocio, dotándolas de rango universitario y de un marco legal que garantizará su calidad; o la obligación de que las universidades informen a las familias si los másteres que ofertan son oficiales o no para evitar confusiones.