Así lo dijo durante su intervención en este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde Magán, también obispo auxiliar de Toledo, señaló que desde que fue elegido secretario general de la CEE el pasado noviembre aún no se ha reunido con ningún ministro.
 
No obstante, remarcó que los distintos grupos de trabajo entre Iglesia y Ejecutivo siguen en marcha y que en materia de fiscalidad el estudio está “avanzado”, aunque no quiso decir “más” por “respeto al Gobierno”. “Está en muy buen puerto”, señaló.
 
Esa relación con el Ejecutivo, remarcó, se basa en el “mandato” que recoge la Constitución en su artículo 16, “para que los poderes del Estado establezcan relaciones con la Iglesia y otras confesiones”. “No hablaría de privilegios”, prosiguió, aunque “es verdad” que esta confesión tiene “un régimen de relación distinto, por los acuerdos tratados internacionales con la Santa Sede”, pero que, “a efectos prácticos, son prácticamente los mismos” que con otras confesiones.
 
ABUSOS
 
Durante su disertación, el prelado también confirmó que ayer mismo habló con el buffete Cremades & Calvo Sotelo, que tiene el encargo de la CEE de hacer una auditoría “externa, libre e independiente” sobre los abusos perpetrados en el seno de la Iglesia en España y que tendrá un informe listo “antes del fin de curso académico”, aunque “en principio estaba previsto para marzo”.
 
García Magán considera que los abusos suponen “una tremenda lacra y un gran problema social” del que la Iglesia, como forma parte de la sociedad, “lamentablemente e injustificablemente se ha contagiado también de este virus tan letal”.
 
Por ello, llamó a hacer “un esfuerzo por parte de todos” en lograr una “maduración de conciencia social”. “Eso no puede permitirse en ninguno de los ámbitos”, agregó. A renglón seguido, reclamó que también ante este asunto “también sería aplicable la peligrosidad de etiquetar a colectivos enteros y no distinguir entre delincuentes y los que no lo son.
 
DEFENSOR DEL PUEBLO
 
Respecto a la otra comisión para esclarecer los abusos en la Iglesia, la que ha encargado el Congreso al Defensor del Pueblo, García Magán insistió en que el compromiso de la CEE es de “cooperación, también con las autoridades judiciales” y también de “respeto a la legislación civil y canónica”.
 
Asimismo, subrayó la importancia de la “justicia reparativa”, aunque son conscientes que la “completa” reparación “no se soluciona sólo con dinero”, sino que se debe propiciar “el acompañamiento, la escucha y el diálogo que se está haciendo”, sentenció, dejando abierto el abordaje de cada caso a la “responsabilidad de cada obispo”.