Demanda una ley que regule las escuchas telefónicas

El Presidente de la Abogacía de España en el Foro de la Nueva Sociedad

Demanda una ley que regule las escuchas telefónicas

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MADRID, 13 de abril. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), pidió hoy en el Foro de la Nueva Sociedad una ley orgánica que regule las escuchas telefónicas en los procesos judiciales, después de la polémica por la anulación de las grabaciones realizadas en prisión a abogados y acusados del "caso Gürtel".

Carnicer se pronunció sobre este asunto durante su participacion en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum y donde el presidente de los abogados fue presentado por Miquel Roca, ex diputado de CiU y presidente de la Fundación Abertis.

Sobre las escuchas del “caso Gürtel”, el presidente de los abogados recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha anulado la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel por abogados y clientes, pero afirmó que “no podemos dejar las cosas así”.

Aseguró que es necesaria una ley que salve este tipo de “conflictos” y que “delimite” las garantías del derecho de defensa. A su juicio, debería tratarse de una ley orgánica, por lo que necesitaría de la mayoría del Parlamento. Añadió que esta ley debería contemplar que se informase a todos los clientes de un abogado cuando éste fuese objeto de alguna investigación judicial.

Por otra parte, Carnicer denunció lo que calificó como “la ya escandalosa falta de tutela al derecho fundamental a la presunción de inocencia” que se está dando en España con determinados procesos, que, a su juicio, están provocando que “asistamos impasibles a verdaderos linchamientos sociales”.

Citó el caso de Dolores Vázquez y de “muchos otros que tras ser absueltos seguirán arrastrando durante toda su vida el estigma del delito que no cometieron”. “Los juicios paralelos, además de lo que puede representar en el ánimo de los funcionarios y de los profesionales de la Justicia, provocan un allanamiento de la ciudadanía impropio y alejado de los fines del proceso judicial, que deben ser alcanzar la resolución con la máxima independencia y neutralidad”.