En una conferencia celebrada en el 'Fórum Europa, Tribuna Euskadi', organizado por Nueva Economía Fórum, Catalá adujo que también deben estar representadas en esta reforma las profesiones, los colegios profesionales, los sindicatos de los funcionarios, etc.

Manifestó que se trata de un proyecto “muy ambicioso” porque llama a “muchos al consenso y al diálogo” y opinó que es la única manera de proceder a una reforma “trascendente y profunda” de la Justicia.

En su exposición, el ministro de Justicia desglosó las conclusiones de la subcomisión que aborda la reforma, orientada a resolver los problemas “tradicionales de nuestra Justicia”.

En primer lugar, consideró necesario “poner el foco” en los profesionales, porque “lo que es la Justicia, es lo que hacen los profesionales” por lo que se necesita, buenos profesionales, cualificados, formados y en número adecuado para abordar la carga de trabajo.

Catalá mencionó el incremento sostenido en el presupuesto destinado a Justicia desde el 2015, “lo que nos permite hacer más cosas y tener más dotaciones e invertir en nuevas tecnologías”.

REFORMAS NORMATIVAS
El ministro declaró que ha llegado ya el momento de proceder a una revisión profunda de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con un diseño nuevo donde se otorgue todo el protagonismo al juicio oral.

En este sentido, consideró “fundamental” su revisión, simplificando procedimientos y recursos para evitar la prolongación en el tiempo de los procesos judiciales, además de regular íntegramente la ejecución penal en un régimen “actualizado, ordenado y completo” para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

En este sentido, Catalá consideró necesario revisar las cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones y las notificaciones, trasladar a nuestros procedimientos civiles la realidad social, por lo tanto convertir las comunicaciones electrónicas en la vía cotidiana en la que se comunica la Administración de Justicia con el ciudadano. “Seguimos siendo la única Administración que seguimos mandando telegramas a la gente, esto no tiene ningún sentido”, añadió.

Para Catalá, es necesario la transición a la gestión digital y “se están dando los pasos adecuados en esta dirección" porque "no hay otro camino”. Para ello, es necesario, en su opinión, “poner más recursos” y “hacer el trabajo con los mejores”.

El ministro de Justicia se mostró convencido de que “la Justicia es independiente y profesional, nadie le dice a un juez lo que tiene que hacer y como lo tiene que resolver”.

A pesar de ello, se lamentó de que los estudios apuntan a que los españoles opinan que “tenemos un grave problema con la Justicia”. Para resolver esta cuestión, Catalá ve necesario “identificar las causas” y propone revisar “una vez más” el sistema de elección de los vocales en el CGPJ para garantizar su absoluta independencia, u otras cuestiones como el tránsito de la justicia a la política y ordenar ese tránsito de una manera general con el fin de transmitir a los ciudadanos que esa independencia es “un hecho real”.

Catalá remarcó la importancia de situar al ciudadano como eje principal de las reformas que se lleven a cabo en la Justicia, para proteger mejor sus derechos, y en particular de los más débiles, así como el concepto de víctima y su orientación para fortalecer la sensibilidad hacia ellas.

El último eje de trabajo tiene que ver con la seguridad jurídica y su importancia para el desarrollo económico y la estabilidad normativa y que demandan por las empresas.

“En la ley están las certezas también que constituyen una palanca para el crecimiento”, comentó antes de opinar que la seguridad jurídica “nos ha ayudado a superar la crisis profunda que hemos sufrido en los años 2007 y 2008”.

Por último, Catalá recordó que España ha escalado cuatro positivos como país que facilita el desarrollo de los negocios según el estudio de 'doingbusiness' del Banco Mundial.