Así lo subrayó durante su intervención en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, durante el que respondió a la pregunta de si España puede ser sancionada en caso de que se mantenga el bloqueo a la renovación del Consejo General de Poder Judicial.
 
Jourová explicó que, dentro de la Unión Europea, hay 11 países que tiene un CGPJ, en los que “según las normas tienen que estar compuestos por una parte de jueces que son elegidos por los jueces, y esos deberían de ser la mayoría”, mientras que la minoría, un número más pequeño de ellos, "deberían de ser nombrados por el Parlamento, por los partidos políticos”.
 
Para la comisaria, “si España cumple con esa norma” no habrá problemas. Y añadió que “ya en el 2020 pedimos que retiraran la reforma y que buscaran una solución política”.
 
En la misma línea, afirmó tajante que “no queremos ver que estos consejos estén politizados”, y aunque admitió “que no es fácil, y yo entiendo bien cuál es la realidad política en España, y que se están haciendo muchos esfuerzos políticos”, también “me gustaría ver ya resultados”.
 
El objetivo, recalcó la representante checa, es lograr “un resultado que nos dé un sistema estable, que pueda sobrevivir a futuras elecciones” porque “es una de las dificultades cuando estableces un sistema judicial”. Hay que tener en cuenta, subrayó, “que el sistema tiene que ser estable a largo plazo y tiene que ser resiliente contra presiones políticas después de unas elecciones” porque “después de las elecciones, algunas veces, los que han ganado creen que tienen el mandato de influir en el Poder Judicial y es una equivocación”.
 
Sobre la esperanza de que se alcance en España un consenso para la renovación del CGPJ antes de las siguientes elecciones generales, confió en que así sea. “Ya veré la temperatura, pero estoy aquí para entender cómo está la situación y cuando se solucionará”, apostilló.