Tras señalar que el control externo a las entidades privadas se produce anualmente, agregó que “hay ayuntamientos que nunca han sido auditados”. Citó los casos de Durango, Galdácano o Zarauz, que no han sido auditados desde comienzo de siglo, o los de Amorebieta, Arrigorriaga o Sopelana, cuyas cuentas “nunca han sido sometidas a control externo”.

Durante su participación en el “Fórum Europa, Tribuna Euskadi”, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Churiaque manifestó que de los 233 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, durante los 20 años de existencia del Tribunal de Cuentas sólo se han fiscalizado 65, lo que supone el 28%.

CAMBIO LEGISLATIVO
El presidente del Tribunal de Cuentas cree necesario un cambio legislativo para establecer la obligación periódica de someter a una auditoría externa a las corporaciones locales.

Martínez Churiaque recordó que el Tribunal de Cuentas tiene el deber de verificar el respeto al ordenamiento jurídico vigente, elaborar el informe donde se da una opinión sobre la situación económico-financiera del ente fiscalizado y, por último, emitir una recomendación sobre la gestión, señalando cuáles son las vías de mejora, al objeto de no volver a incurrir en las irregularidades detectadas.

“Si el control no es oportuno, es ineficaz socialmente”, indicó. “El tribunal debe reducir el tiempo que media entre el periodo al que se refiere la fiscalización y el año de emisión del informe”.

A este respecto, reconoció que el propio tribunal está incumpliendo la ley, ya que “no emitimos el informe sobre la administración general de la comunidad autonómica de Euskadi en los cuatro meses posteriores a la recepción de la liquidación de los presupuestos”.

Manifestó que “la limitación de recursos humanos opera en nuestra contra”, por lo que pidió establecer una política racional de los encargos de fiscalización. Aseguró que “es objetivo del Tribunal de Cuentas reducir ese periodo entre la elaboración del informe de fiscalización y ponerlo a disposición del público”.

Churiaque cree necesario establecer un debate sobre la política de comunicación y difusión del contenido de los informes y reclamó un reforzamiento de la autoridad del tribunal.

En este sentido, opinó que el debate posterior a la publicación de los informes es “escaso” y manifestó que en otros países de nuestro entorno existen medidas que obligan a las entidades fiscalizadas a cumplir las recomendaciones realizadas por el tribunal, y si no se realiza se considera una infracción.

PROLIFERACIÓN DE ENTES
Igualmente, José Ignacio Martínez Churiaque mostró su preocupación sobre la proliferación de entes vinculados con el sector público. El objetivo, declaró, es “someter a fiscalización las entidades que se financian más con recursos públicos que con ingresos comerciales”.

a este respecto, consideró que “habría que considerar que deben ser fiscalizables aquellas sociedades mercantiles de los entes locales con capital público al 50%”. “También deberían someterse a fiscalización”, en su opinión, “aquellas sociedades mercantiles y consorcios con capital público al 100% o sólo mayoritario”.

Martínez Churiaque considera un “exceso de riesgo” la cantidad de fundaciones públicas que no se están auditando. Además, adelantó que el Tribunal Vasco de Cuentas ya ha incluido en su plan de trabajo a algunas de estas entidades, por “entender que son áreas de riesgo”.