En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Forcadell dijo que “se trata de una muy probable operación de estado en las que se hallarían implicados miembros del Gobierno español, agentes policiales y de inteligencia y otras instituciones que habrían investigado ilegalmente ciudadanos por sus ideas políticas, unas ideas políticas totalmente legítimas”.

Para Forcadell, se trata de “un tema grave que vulnera el estado de derecho y las libertades civiles más básicas” y “una operación en la que habrían tratado de desacreditar representantes políticos mediante la creación, exageración, o difusión de supuestos escándalos de corrupción”.

La presidenta, que recordó que en estos momentos hay una comisión de investigación abierta en el Parlament de Catalunya, lamentó que el Estado no haya hecho nada al respecto: “Hace un año salieron a la luz conversaciones grabadas entre el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. A pesar del contenido extremadamente explícito de aquellas grabaciones y las informaciones que van apareciendo, no se ha abierto ninguna investigación judicial. No solo esto, el exministro (Jorge) Fernández Díaz continúa en activo sin asumir ningún tipo de responsabilidad; es diputado y preside una comisión en las Cortes. Y el exdirector de la Oficina Antifraude, después de ser cesado por el Parlament de Cataluña ha vuelto a su anterior trabajo y está ejerciendo de juez. Un escándalo democrático de vulneración de libertades y derechos civiles, llevado a cabo desde las instituciones del Estado”.