Aclaró que "ésta no es una ley sanitaria", sino "una ley sociosanitaria", que garantiza la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas.

Igualmente, señaló que la Ley de Dependencia "regula con carácter prioritario y general la política de prevención, que entraña una adecuada coordinación del nivel sanitario y del social".    

A reglón seguido, Caldera manifestó que "no podemos caer en debates nominales y en debates de carácter más bien de reivindicaciones profesionales".

"Por tanto", concluyó, "no creo que haya ningún déficit (del sector sanitario)" en esta ley, "y creo que hemos trabajado todos con acierto: el movimiento asociativo de la iscapacidad, los grupos políticos, los interlocutores sociales y el Gobierno".