Casas afirma que el Tribunal Constitucional no es el único interprete de la Ley, "pero sí el último, el definitivo y el supremo"
Mª Emilia Casas Baamonde, presidenta del Tribunal Constitucional en el Fórum Europa
Casas afirma que el Tribunal Constitucional no es el único interprete de la Ley, "pero sí el último, el definitivo y el supremo"
La presidenta del Tribunal Constitucional reclama una reforma de la Ley Orgánica para acabar con el "atasco" en el alto Tribunal.
MADRID, 31 de mayo. La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde, afirmó hoy, en el Fórum Europa organizado por Nueva Economía con el patrocinio de Asisa, BT e ING Direct, en relación con los conflictos con la jurisdicción ordinaria -en clara alusión, aunque sin citarle, al Tribunal Supremo-, que el órgano que ella representa "no es el único intérprete de la Ley, pero sí el último, definitivo y supremo, como lo exige el sistema y se deriva por lo demás de la Constitución y del artículo 1 de la Ley Orgánica del propio Tribunal Constitucional".
Casas hizo estas afirmaciones durante su intervención hoy en el Fórum Europa, en el que estaba presente, entre otros, el propio presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando. También formaba parte del público el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y una nutrida representación de la cúpula judicial.
A lo largo de sus discurso, la presidenta del TC reconoció la existencia de "algún conflicto con la jurisdicción ordinaria", circunstancias que, a su juicio, "deberían evitarse y, si se producen, no dramatizarlas".
Casas dijo no estar de acuerdo con quienes defienden la existencia de dos jurisdicciones separadas, una Constitucional, a la que compete la interpretación de la Constitución, y otra ordinaria, a la que correspondería la interpretación última de la Ley.
Por el contrario, señaló que ambas jurisdicciones están "interconectadas" pues a la ordinaria también le incumbe aplicar la Constitución, mientras que la que corresponde al Tribunal Constitucional debe velar por el respeto a la Carta Magna de leyes y actos objeto de su control.
Calificó de error que el Tribunal Constitucional sea considerado un "órgano político", aunque muchas veces su resoluciones tengan relevantes repercusiones en este terreno, y comentó que "sería deseable" que los conflictos de competencia entre los estados y las comunidades autónomas alcanzaran una solución política previa a la presentación de un conflicto ante el alto Tribunal.
DATOS 2004
La presidenta del Constitucional señaló que a lo largo de 2004 habían ingresado en este órgano 7.951 asuntos, de los que un 98,28 por ciento corresponden a recursos de amparo. Con respecto al resto, durante el pasado año se presentaron 45 cuestiones de inconstitucionalidad, 17 conflictos de competencia, 70 cuestiones de inconstitucionalidad y 4 de defensa de la autonomía local. En el mismo periodo se adoptaron 7.823 resoluciones (255 de ellas sentencias y 6.630 providencias de inadmisión).
Señaló que la 'pendencia' actual en el Tribunal Constitucional afecta a 510 procesos y que este número revela un descenso de los asuntos pendientes respecto a años anteriores. El problema sigue siendo el alto número de asuntos pendientes de admisión a trámite, que suman actualmente 7.580 casos.
Frente a esta situación, aludió a la "imposibilidad" de hacer frente al atasco con los actuales recursos, por lo que reclamó una reforma de la Ley Orgánica que regula el Tribunal Constitucional dirigida a "evitar que el amparo se convierta en una tercera instancia judicial".