Lanzó esta idea al participar como ponente en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde consideró que “está muy bien que nos declaremos todos feministas y que luchemos todos por los derechos de las mujeres” pero “sin colectivizar, mentir y hacer demagogia”.

“Pedimos que haya un Pacto de Estado para acabar con la brecha salarial en España y lo pide el PP, que lideró el primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España”, trasladó Casado, que en todo caso rechazó “lecciones de la izquierda”.

Su objetivo, según fuentes populares, es promover este gran Pacto de Estado desde el diálogo social para que en cinco años no exista diferencia alguna entre el salario de una mujer y el de un hombre. En el encuentro informativo, Casado también rechazó los “hándicaps” para que las mujeres ocupen cargos de responsabilidad.

Recalcó que en la legislatura de José María Aznar “se creó tres veces más empleo femenino que en todas las legislaturas democráticas anteriores juntas y sumadas” y recordó que durante el mandato de Mariano Rajoy se recuperó “todo el empleo femenino destruido” por el PSOE.

“¿Qué lecciones nos van a dar cuando sabemos que la brecha salarial es sobre todo contra las madres?”, se preguntó el líder de los populares, para quien lo más importante es garantizar “la autonomía” de las mujeres y que así puedan “pegar un portazo” ante el maltrato o injusticias laborales.

Asimismo, avisó de que es “muy peligroso” enfrentar a mujeres con hombres y por ello reclamó afrontar esta semana, marcada por la celebración del Día Internacional de la Mujer, “con responsabilidad, sin manipulación y usando las cifras”.

Por último, recalcó que “acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres” es reto “de todos” y pidió “tolerancia cero contra maltratadores”. En este sentido, consideró pertinente que pasen “muchos años” en la cárcel, “al menos hasta que se reinserten”, quienes secuestran y asesinan a mujeres. El PP se compromete así a reformar el Código Penal para extender la prisión permanente revisable a algunos supuestos de asesinato por violencia de género.