Durante su intervención en este foro de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, el consejero dijo que “frente a la devaluación del mercado interno por la que optó el Gobierno central ante la recesión, con una reforma laboral que paraliza el desarrollo económico, las empresas andaluzas salieron al exterior buscando la competitividad global y atrayendo riqueza, y han tenido éxito por su talento y su esfuerzo”. Es por ello, dijo, que en la actualidad la producción industrial “se sitúa ya al 80% de su capacidad, con lo que se está llegando al límite de la misma gracias al motor de las ventas exteriores”.
 
Ramírez de Arellano realizó un análisis de la situación económica española y señaló que en los últimos 40 años, pese al crecimiento económico, “no han disminuido las distancias entre las comunidades más y menos ricas”, y recalcó que con la reforma laboral el salario mensual medio de los nuevos empleados es de 1.230 euros, mientras los nuevos pensionistas reciben 1.330 euros, algo “insostenible a largo plazo”. A su juicio, es necesario modificar esa reforma, para mejorar las pensiones, recuperar los salarios y el papel de los sindicatos que son “elementos articuladores fundamentales de la sociedad”.
 
Para Ramírez de Arellano es fundamental que a nivel estatal se planteen nuevas preguntas económicas, y que Andalucía sea la que aporta respuesta al proyecto de España en las próximas décadas. Y ese proyecto de país, en opinión de Arellano, debe estar basado “en el consenso, requiriéndose para ello diálogo, generosidad y amplias mayorías”. Aseguró que en este debate económico, que “es un debate de país” también debería participar la sociedad civil.
 
El consejero destacó que hay que “hablar de qué vamos a vivir, y luego trabajemos sobre cómo vamos a convivir”,  y que “la tarea no es menor, pero Andalucía y España merecen el esfuerzo”. En este sentido, añadió que los Pactos de la Moncloa o el ingreso en la Comunidad Económica Europea “fueron acuerdos constituyentes de nuestro país que se plantearon y se respondieron como preguntas económicas, también contempladas en la Constitución Española”.