Añadió que este fenómeno "no se puede gestionar con un contrato de costumbres", en referencia a la propuesta electoral del Partido Popular, de obligar a los inmigrantes a suscribir un contrato de integración.

"Lo que a mí me interesa son los contratos de trabajo y por eso se deben reforzar las fronteras y debe quedar claro que las personas que no tengan contrato de trabajo no pueden permanecer en el país", aseguró.

Además, defendió que no se puede repatriar a todos los inmigrantes ilegales y, por ello, señaló la necesidad de establecer un control en la UE y de reforzar también las inspecciones de trabajo de la Agencia Tributaria, ya que "el primero que paga las consecuencias de la inmigración irregular" es el inmigrante que trabaja legalmente.

Corbacho apuntó que "las normas de una sociedad no las impone jamás el último que se empadrona, sino que éste tiene la obligación de respetar" las del país de acogida.

Por ese motivo aseguró que ejercerá una "tolerancia cero en las actividades económicas" de la provincia de Barcelona y exigirá a determinados locales respeten la prohibición de vender alcohol después de las 11 de la noche, pues no pueden convertirse en un "calvario" para los vecinos del barrio.

Por otra parte, Corbacho apostó por fomentar las políticas de ayuda a los países de origen para que alcancen el nivel de desarrollo que sus ciudadanos buscan fuera de sus fronteras.

El presidente de la Diputación de Barcelona explicó que en L?Hospitalet de Llobregat hay un 23 por ciento de inmigración, y en algunos barrios la cifra llega al 40 por ciento, de modo que el 70 por ciento del alumnado de muchas escuelas tiene unas 15 nacionalidades distintas a la española.

Por ese motivo, afirmó que "el futuro de Cataluña está en las aulas" y apostó por la educación como herramienta para la integración, sobre todo en el caso de los inmigrantes musulmanes a los que la diferencia religiosa les supone "una pequeña barrera" más.

Para concluir, Corbacho defendió la extensión del derecho al voto para los inmigrantes, pues, "si estas personas no pueden votar, no van a estar pendientes de lo que pasa en la ciudad en la que viven".

De hecho, al no poder participar en la vida pública, "el interés" de este colectivo social por "las políticas locales es bajo", lo que provoca su integración no sea completa, concluyó.