Durante su participación en el encuentro ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’, organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, Gabriela Bravo hizo un análisis crítico de la situación de la justicia en España. Señaló que es “el servicio público peor valorado”, que adolece de una estructura y organización “arcaica”, “obsoleta” y “decimonónica”, y que el actual sistema organizativo de juzgados es “muy costoso y poco rentable”.
 
Bravo recordó que la Justicia está desconcentrada entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, y a su vez descentralizada en siete comunidades que tienen transferidas competencias del Ministerio, circunscritas a la gestión de medios materiales, al personal y a la justicia gratuita. Esto, en su opinión, provoca que los resultados de la inversión que realizan las autonomías sean limitados, ya que no pueden incidir en dos variables clave: la creación de plazas y la organización judicial.
 
“La inversión de las comunidades autónomas en la administración de Justicia española en la última década ha sido estéril porque financiamos un modelo de justicia obsoleto e ineficaz ante la pasividad de un Gobierno que no tiene voluntad política de abordar la inaplazable reforma”, declaró la consejera, que insistió en que “en materia de Justicia, la transferencia de competencias no ha quedado bien resuelta”
 
Bravo pidió reformar la actual organización territorial judicial, dividida hoy en día en 422 partidos judiciales, para crear otros de mayor extensión; renovar el proceso penal, que es el que encauza el 75 por ciento de la actividad judicial, para atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal; e incorporar fórmulas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje.
 
Además de reivindicar un nuevo pacto de Estado por la Justicia en cuya gestación las autonomías tengan un papel protagonista, la consejera defendió una reforma del Estado para avanzar hacia un modelo federal que permita delimitar las competencias con mayor claridad y que dé además respuestas a demandas como las planteadas por el movimiento soberanista en Cataluña.
 
Por otra parte, consultada por la negociación que acordó iniciar el 5 de marzo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos para abordar la subida salarial de los funcionarios, Gabriela Bravo dijo no tener “grandes esperanzas”.
 
“Ni me fío del ministro Montoro ni me fío ya de Rajoy, porque estamos ya tres años casi esperando la reforma del sistema de financiación autonómica y sufriendo las graves consecuencias en el ámbito presupuestario que arrastramos ya desde hace diez años, lo cual impacta negativamente en el desarrollo de las políticas públicas”, afirmó.
 
La intervención de Bravo estuvo precedida por una presentación a cargo del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que ensalzó la labor que en su opinión ha desarrollado la jurista a lo largo de su carrera en defensa de los derechos humanos y de los colectivos más desfavorecidos, y especialmente durante el período (2008-2014) en que ejerció como portavoz del Consejo General del Poder Judicial, desde donde, según dijo, defendió la independencia judicial.