”La inversión pública genera actividad”, afirmó, pero hay que tener en cuenta que la misma debe ser doble: “por la inversión en sí misma y, sobre todo, por las características de las propias infraestructuras, que deben entenderse como herramientas necesarias y útiles para generar riqueza”.

Hernández, quien apuntó que las causas de esta crisis no hacen factible una recuperación rápida de la economía, “y menos si se adoptan medidas poco efectivas e improvisadas”, señaló que “somos víctimas de la asunción de más compromisos de pago de los que podíamos asumir”, algo en lo que, a su juicio, han incurrido los particulares, pero también las organismos públicos, y que en ambos casos implica una “necesaria contención del gasto”.

ACCCIONES REALISTAS
Incidió en la necesidad de emprender acciones realistas, entre las que citó las políticas de oferta que permitan la mejora de infraestructuras, “que deben cumplir aquel doble objetivo: activar la economía a corto y medio plazo, generando actividad y empleo, y hacerlo también con vistas de futuro, facilitando y agilizando esa actividad; en definitiva, siendo vertebradoras y útiles en sí mismas”.

El consejero, quien defendió que la obra pública “moviliza la creación de empleo”, aseguró que los estudios han demostrado que con un incremento de inversión en infraestructuras de 1% del Producto Interior Bruto se generarían 189.000 puestos de trabajo, 127.000 de ellos directos, y que, con ello, se impulsa la riqueza, “porque aumentan las transacciones mercantiles y se regenera el consumo”.

Sin embargo, señaló que, además, “con planes claros, solventes, eficaces y serios”, las administraciones recuperan parte de esas inversiones. “Crear trabajo hace que aumente la recaudación del IRPF, descienden los pagos por prestaciones por desempleo, hay más consumo y más ingresos por IVA”, dijo.

Hernández aseguró que sólo por estos tres conceptos revierte a la Administración el 41% de lo invertido, a lo que hay que sumar el 16% del Impuesto del Valor Añadido, que pronto será el 18%, lo que supone que “de cada euro destinado a infraestructuras, las arcas públicas recuperan 57 céntimos, un valor que permite, con una acción de contención del gasto, acometer planes y proyectos a más largo plazo”.

“Éste es el objetivo que se ha trazado el nuevo Gobierno gallego desde abril, y por ello, en la consellería que dirijo hemos incrementado un 36% los fondos de las partidas destinadas a inversión y reducido un 20% las de gasto corriente, lo que nos permitirá disponer en 2010 de la mayor cantidad destinada a nuevos proyectos de la historia de la comunidad autónoma: 1.614 millones de euros”, señaló.

PRESENTACIÓN
Agustín Hernánde fue presentado por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien, además de incluirlo entre los tres mejores ingenieros de Canales, Caminos y Puertos de España, resaltó su conocimiento de la realidad gallega, “y no desde el estudio teórico detrás de una mesa de despacho, sino por sus largos años involucrado en los proyectos concretos que le han llevado a ser uno de los mejores conocedores de los problemas que tenemos desde la misma perspectiva de los ciudadanos”.

Louzán, que citó para describir a Hernández una frase del escritor Celso Emilio Ferreiro -“camina a pie, por eso ve el mundo tal y como es”-, señaló algunos de los retos que debe afrontar como responsable del área de la Administración gallega que más recursos moviliza: el desarrollo de un modelo territorial permanente, la nueva Ley del Litoral, el Plan General de Transporte Metropolitano, la Política Viaria y de Transporte -especialmente difícil en Galicia con una población muy diseminada-, el control de la llegada del tren de Alta Velocidad (AVE) o la formulación de la Ley de Aguas.

El consejero recordó también sus años como responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, “desde donde pude conocer de cerca a las personas y sus problemas”.