Serrano, aprovechó su intervención en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum para hacer balance de lo conseguido por la consejería y para presentar la hoja de ruta de próximas acciones, coincidiendo con el trigésimo aniversario del nacimiento de la misma.

La propuesta de la consejera reside en “apoyarnos en el capital paisajístico y ambiental de Andalucía para seguir creciendo en este sector”. María Jesús Serrano reconoce que “es necesario cambiar el prisma por el que se mira el medio ambiente, pero a nadie se le escapa que estamos obligados a proponer soluciones originales como vía de escape a la crisis”.

Según la consejera, “Andalucía dispone de la más amplia red de espacios naturales protegidos, mantiene una biodiversidad como la de la Europa continental, ofrece una red de más de mil instalaciones de ecoturismo, ha desarrollado planes de corrección y medición de impacto medioambientales, conserva como espacio protegido un tercio de su amplio litoral y dispone de un equipo para prevenir los incendios forestales, el Infoca, pilares que garantizan la sostenibilidad”, una de las mayores apuestas del gobierno andaluz.

GENERACIÓN DE EMPLEO
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, marcó como prioridad en su legislatura que todas las consejerías contribuyeran a la generación de empleo. Según la tesis que sostiene el gobierno andaluz, “las políticas ambientales y territoriales que llevamos a cabo significan desarrollo económico presente y futuro”, señala Serrano. A lo que apostilla: “Es por eso, que la economía verde supone una opción estratégica para el crecimiento en Andalucía basada en sectores que vienen demostrando su solvencia y sus buenas perspectivas”.

En la comunidad andaluza, según los datos que maneja esta consejería, existen unos 90.000 empleos vinculados a la economía verde, sólo superada por Cataluña. Más allá de esa cifra, la consejera ha señalado que “el sector medioambiental en Andalucía se encuentra en una fase de desarrollo temprana en Andalucía con posibilidad de ampliación por sus posibilidades y su imposibilidad de traslado a otras regiones. Es un empleo que no se deslocaliza”.

Con el nuevo plan de turismo interior sostenible, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en Andalucía “ha habilitado más de 1.000 instalaciones de uso público, además de centros de visitantes, áreas recreativas, museos…, que se prevé que reciban más de un millón de visitas”, señala la consejera.

Asimismo, ha asegurado que “estas infraestructuras suponen el fomento del turismo en áreas rurales, el cual se alza como principal referencia de los espacios naturales protegidos”. “El turismo en áreas rurales es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos veinte años”, afirma Serrano. De ahí que la consejería haya marcado como objetivo, “facilitar a los empresarios locales el acceso a los equipamientos rurales para el uso público” con los objetivos de impulsar ciertas zonas rurales, fomentar la colaboración institucional, crear empleo y fomentar la conservación del medio ambiente.

Los últimos datos que maneja la Consejería de Medio Ambiente arrojan una cifra de facturación de 6.421 millones de euros, lo que representa el 4,4% de la producción andaluza.

Serrano manifestó en el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum que “la declaración de una edificación asimilada a fuera de ordenación no modifica su carácter ilegal”, sino que garantiza la habitabilidad sostenible de la misma.

María Jesús Serrano ha querido dejar claro que en materia de ordenación del territorio “es preciso anteponer ante todo el principio de legalidad, que está por encima de cualquier consideración, y, en particular, la eficacia del planeamiento urbanístico como garante del buen orden territorial”.

También ha señalado que, según las leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Autonomía Local de Andalucía, la disciplina y protección de la legalidad urbanística “es competencia de los ayuntamientos”, mientras que a la Junta se le atribuye la intervención en determinados actos para la tutela de bienes o derechos de interés general. En este sentido, la legislación delimita un ámbito de responsabilidad compartida entre la Administración autonómica y la municipal, como es la inspección urbanística y, en general, las tareas preventivas.

Junto a estas dos leyes, la consejera de Ordenación del Territorio del gobierno andaluz destaca el Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía en suelo no urbanizable. El decreto regula los requisitos y procedimientos para integrar los asentamientos, de acuerdo con el modelo territorial y urbanístico, en la ordenación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, como una vía de reconducirlos a la legalidad.

Establece tres formas de incorporación: mediante la clasificación como suelo urbano no consolidado o como suelo urbanizable, siempre y cuando se trate de asentamientos contiguos a núcleos ya existentes; reconduciendo a la legalidad a estas edificaciones como Hábitat Rural Diseminado, que contempla la incorporación en el PGOU en suelo no urbanizable o incluso en suelo no urbanizable de especial protección, siempre que la normativa que los regule sea compatible con la preservación de los valores naturales; o la solución de otras situaciones, como las de las “edificaciones en situación de asimilado a fuera de ordenación”, conocidas también como ‘alegales’.

Estas última son las que se han realizado infringiendo la normativa urbanística y sobre las que han transcurrido ya los plazos para poner en marcha medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. Es decir, edificaciones realizadas de forma irregular y en las que esta irregularidad haya prescrito.

En opinión de la consejera, la declaración de una edificación asimilada a fuera de ordenación “no modifica el carácter ilegal” de la misma, sino que garantiza la habitabilidad sostenible de las viviendas que se encuentren en esa situación, posibilitando el acceso a los suministros básicos (luz, agua,...).

Con ello se permite a la Administración imponer a los propietarios medidas compensatorias que garanticen la seguridad de las edificaciones y su entorno; y en cierta forma su acceso al registro de la Propiedad.

Por último, la consejera ha querido señalar que “desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos comprometemos a ayudar a aquellos ayuntamientos que no tienen medios a su alcance para que puedan llevar a cabo un buen orden territorial. El objetivo es analizar y estudiar las situaciones concretas que existen en todo el territorio andaluz, con lo que se pretende seguir avanzando en la mejora de la normativa para dar respuestas y también prevenir y controlar en la comunidad autónoma este complejo problema urbanístico.

Serrano aseguró en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum que el Ministerio de Medio Ambiente “ve con buenos ojos la programación andaluza”.
 
Durante su intervención se refirió a uno de los aspectos que, según dijo, más preocupan a su consejería: la conservación del agua, “que al ser un bien escaso exige una gran protección”.

Para ello, se amparó en el marco de la Ley de Aguas de Andalucía, que traza la senda a seguir. “Tanto es así que una de sus finalidades pasa por hacer compatible el desarrollo económico y social con el buen estado de los ecosistemas existentes”, señaló.

Según la consejera, 319 millones de euros del presupuesto irán destinados a llevar a cabo el Plan de Aguas en Andalucía. Entre ellos, destacan los casi 70 millones de euros disponibles a través del canon de mejora, que se emplearán como establece la Ley de aguas en nuevas infraestructuras de depuración.

Asimismo, se destinarán en torno 181 millones de euros para gestionar el ciclo integral del agua y la defensa de las averías y, por último, para el mantenimiento y conservación del agua hay una previsión que supera los 12 millones de euros.

Según señaló la consejera en su intervención, estas medidas “no son suficientes” y la Junta de Andalucía, en apoyo a los ayuntamientos, declaró como “bien de interés regional un amplio grupo de depuradoras, que deben ejecutarse por mandato de la Unión Europea antes del año 2015”.

Debido a la inmediatez de la consecución de este objetivo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha comprometido a “impulsar nuevas formas de colaboración para acelerar el ritmo de contratación de estas obras de infraestructuras de depuración”.

Para ello, ha establecido dos formatos: “La colaboración pública-pública, con la ayuda de Europa y la colaboración público-privada”. La consejera de Medio Ambiente quiso dejar claro en este último caso que “las depuradoras que se impulsen por acuerdo de colaboración público-privado en ningún caso cederán su carácter público”.

ENERGÍA RENOVABLE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Respecto al sector de la eficiencia energética y de las renovables, que cuenta ya con más de 1.400 empresas, la consejera resaltó que Andalucía ha sabido aprovechar sus recursos convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en instalaciones solares térmicas y en potencia eléctrica generada mediante aprovechamiento de la biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes.

Asimismo, la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha destacó la labor que desarrolla su departamento para fomentar la adaptación ambiental del sector industrial andaluz y para promover la sostenibilidad como motor de calidad de vida y desarrollo.

Por último, María Jesús Serrano recordó que durante esta legislatura se desarrollarán actuaciones para combatir y minimizar los efectos del cambio climático, que se convertirá en la piedra angular de las políticas que aplicará esta consejería y que será un criterio fundamental de la planificación territorial.

Sobre este último asunto, la consejera avanzó que su departamento está ultimando un decreto que agilizará los trámites urbanísticos de los ayuntamientos, mediante la creación de la ventanilla única a la que podrán dirigirse las corporaciones locales tras la aprobación inicial de su planeamiento urbanístico.