Durante su intervención en el citado encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Ibarra consideró que el primer objetivo sería el de obtener un amplio consenso y darle la participación que “constitucionalmente tienen otorgadas las comunidades autónomas”.
 
Sobre el anteproyecto de reforma del Poder Judicial que prepara el Gobierno, el presidente del TSJPV reconoció que una reforma de tal envergadura requiere tiempo y “el camino es largo” pero no cree que sea fácil.

En este sentido, según sus informaciones, todavía no se habría recabado la opinión ni las posiciones de las comunidades autónomas y advirtió de que “se está generando una ansiedad” respecto a ciertos temas como el de los jueces de paz.

Asimismo, Ibarra cree que los jueces de paz no están cumpliendo un papel que corresponda a la Administración de Justicia, A esto se suma la circunstancia de que a partir de este mes los registros civiles pasan a tener un carácter informático, “y ya no requieren de libros que sean cuidados en las comarcas por los jueces de paz”.

Por lo tanto, el presidente del TSJ vasco opina que “la justicia de paz tiene que buscar nuevos horizontes, como el de la mediación y la búsqueda del encuentro para que no lleguen a convertirse en procesos”. También matizó que la justicia de paz “tiene un futuro, pero no se corresponde con su presente”.

Sobre el efecto de la ley de Tasas, Ibarra aseguró que “no ha sido tan grave como se pensaba” pero alertó de que ha tenido un “efecto perverso” en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ya que el pago de las costas por vencimiento ha hecho que “bajen radicalmente los picos de litigiosidad de empleados públicos”.

JUSTICIA UNIVERSAL
Sobre derecho a la justicia universal, Ibarra considera que la persecución de determinados delitos, como el de lesa humanidad, “tienen que ser juzgados por los países donde se cometen los delitos y, si no, por cualquier otro estado”.

El principio de justicia universal, a raíz del caso Pinochet, “adquirió unas dimensiones distintas”, por lo que la modificación de este año ha sido “equivocada” y, sin entrar en sus “finalidades”, dijo, el resultado es que “personas que estaban involucrados en delitos graves, como el narcotráfico estén ahora en libertad”.

El presidente del TSJ del País Vasco también se mostró “avergonzado” del debate que ha generado este cambio en la legislación, al que calificó de “mala técnica legislativa”.

Asúa respondió así, al término del acto organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, a las preguntas de los periodistas que le insistían sobre la posibilidad de dicha reforma.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional no quiso abordar en profundidad esta cuestión pero sí dijo que quien decide es “la voluntad popular” y son los legisladores, que son “los representantes de esa voluntad popular”.

En el citado encuentro, Asúa presentó la conferencia de Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a quien alabó su trayectoria profesional y su trabajo en favor de recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Durante su intervención en el citado foro de debate organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Ibarra afirmó que las posibilidades de control de Internet y las redes sociales son “muy limitadas” porque tienen unas dimensiones mundiales que permiten que el delincuente pueda trabajar en un marco distinto e incluso en una jurisdicción diferente.

Asimismo, matizó que estos delitos son “los mismos que se han cometido toda la vida” solo que en un medio distinto y muy específico.

Añadió que los programas “con los que funcionamos todos los días” no tienen posibilidad de ser intervenidos y puso como ejemplo el ‘whatsapp’, una aplicación de la que dijo que “no se puede ejecutar una orden judicial para su control” lo que hace que las dificultades para perseguir el delito en este ámbito sean muy importantes.

Por todo ello, opinó que el delincuente en Internet “va por delante de la Justicia y de los medios de los que disponen los Estados de Derecho”.

Durante su participación en el citado encuentro informativo organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Ibarra aseguró que la actual legislatura no ha favorecido el “necesario proceso de modernización del sistema de justicia” y que no se considera una cuestión de Estado. “En este capítulo central de la modernización de la justicia, permanecemos en el terreno de las dinámicas ciegas, estamos instalados en una evidente crisis de irresponsabilidad organizada” añadió.

El presidente del TSJ vasco también lamentó que no existan “sólidos elementos configuradores de un horizonte de la modernización de la Justicia” y que el Gobierno de España tampoco esté “progresando de manera decidida en los elementos que definen la seguridad jurídica como factor de recuperación del desarrollo económico”.

“Nuestra preocupación se centra sobre todo en la urgencia en desentrañar las nieblas que impiden ver los contornos de un futuro sistema de justicia que no acaba de hacerse explícito por el pleno legislador y que en esa misma medida mantiene en una cierta ceremonia de palos de ciego”, añadió.

Por otra parte, Ibarra señaló que en España el gasto en Justicia no ha dejado de decrecer en los últimos ejercicios, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros previstos para el presente ejercicio. Según los informes europeos en cuanto a inversiones en justicia, España sufre una espectacular caída y sólo cuatro estados miembros está por debajo de estos niveles.