Según advirtió la consejera, “hay un porcentaje importante de familias que tienen dificultades para pagar el alquiler”, una situación que se compensaría con trabajos comunitarios, como por ejemplo “reparaciones de zonas comunes”, que se están negociando actualmente con las comunidades de vecinos de estas viviendas sociales.

Cortés explicó este proyecto durante su participación en el citado foro de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum y en el que fue presentada por el presidente de Cepes Andalucía, Antonio Romero.

EXPERIENCIAS PILOTO
De momento, la Consejería de Fomento y Vivienda prevé poner en marcha dos “experiencias piloto” para comprobar la idoneidad de la aplicación de estos alquileres compensados.

En concreto, Cortés anunció que estos proyectos se desarrollarán, por el momento, en dos comunidades de viviendas sociales ubicadas en Córdoba y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), desde las que se analizarán las consecuencias de esta nueva iniciativa. “Es una realidad ante la imposibilidad de poder pagar el alquiler. Al menos, si no se paga se contribuye al trabajo en la propia casa”, explicó.

Según los datos facilitados por Cortés durante su intervención, en Andalucía existe un parque de unas 80.000 viviendas sociales, “el más extenso de toda España”, distribuidas entre 550 municipios. De entre todas ellas, aproximadamente un 10% de las familias tienen dificultades para hacer frente a la cuota mensual de este alquiler social, que oscila habitualmente entre los 20 y los 120 euros al mes, en función de la renta de cada una de las familias.

Igualmente, la consejera anunció que se encuentran en conversaciones con diferentes ayuntamientos para intentar que “bonifiquen hasta el 95% del pago del IBI en las viviendas sociales”, ya que, según advirtió, “hay muchos casos en los que el importe es superior al del alquiler que se paga en estas viviendas”. Y añadió que “si a la Iglesia se le bonifica el IBI, por qué no hacerlo con el de las viviendas sociales que están ocupadas”.

POLÍTICA DE EMPLEO
Por otro lado, Cortés reclamó también la puesta en marcha de “un nuevo modelo de regeneración urbana” en el que se incluya “el derecho a una vivienda, a la movilidad sostenible, al empleo”, entre otros.

Precisamente, sobre las políticas de empleo, la consejera dijo que la sociedad de hoy día “no necesita tres idiomas o cinco másteres, sino que necesita trabajar, porque no hay mejor formación que el empleo”.

Y concluyó rechazando “el discurso de la resignación”, “ese que dice que las administraciones públicas no tenemos nada que hacer en la creación de empleo”.

Elena Cortés dijo que el PP “está tratando de estirar el chicle”, y acusó a los dirigentes populares andaluces de estar haciendo de esta investigación “un teatro”.
 
La consejera pronunció estas palabras en el marco del desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, en el que fue presentada por el presidente de Cepes Andalucía, Antonio Romero.

Las declaraciones de Cortés estaban basadas en la reciente solicitud del PP-A, que, por medio de su secretario general, José Luis Sanz, pedía el pasado sábado la comparecencia parlamentaria de Susana Díaz porque “los andaluces, independientemente de cómo avance la investigación judicial, tenemos derecho a saber la verdad sobre los ERE”.

En este sentido, Sanz reclamó el “derecho a saber hasta dónde llega la corrupción en la Junta de Andalucía, porque lo que viene a decir el auto es que la mancha de la corrupción socialista se extiende por todo el Gobierno andaluz”, en referencia al auto del pasado viernes de la jueza Mercedes Alaya, en el que pedía los datos relativos a todas las ayudas concedidas por cualquier consejería a un grupo de 26 empresas entre 2001 y 2011.

Cortés recordó que desde el Gobierno de Andalucía “constituimos una comisión de investigación sobre la que lamentablemente existió una alianza de intereses momentáneos entre el PP y el PSOE para tumbar el relato de su presidente”. Por ello, apeló a la independencia de los tribunales, asegurando que deben ser ellos los que tengan que “dirimir a fondo” la cuestión, “caiga quien caiga”.

Por último, volvió a poner en cuestión la actitud de los dirigentes del Partido Popular en este caso y les advirtió de que, a su juicio, “no me parece oportuno querer convertir el Parlamento de Andalucía en un circo, como el PP quiere hacer”.

Una crítica que compartió con la defensa de los miembros de su partido, pues, como señaló, “desde que Izquierda Unida está en el Gobierno las manos de sus consejeros están a la vista”.

Fernández Sevilla aseguró que esas informaciones “no se corresponden con la realidad” y que se trataba de “un programa de cooperación que se ejecutó correctamente”.

El líder sindical pronunció estas palabras al finalizar el citado foro de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum y en el que la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, participó como invitada.

Según la información hecha pública por diversos medios de tirada nacional, el Proyecto Integración y Fortalecimiento Sindical en Centroamérica y el Caribe (Proinfos) fue sufragado en un 90 por ciento por la Junta de Andalucía, mientras que el 10% restante salió de los fondos propios del sindicato UGT.

Los datos publicados aseguran que fueron 890 los alumnos que pasaron por estas aulas caribeñas durante cuatro años, ubicadas en siete países de Centroamérica y el Caribe: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

REFORMAS EN LA SEDE DEL SINDICATO
Por otro lado, Fernández Sevilla también salió al paso de las informaciones publicadas en el día de hoy por el diario ‘La Razón’ en las que se acusa tanto a UGT como a CCOO de rehabilitar sus sedes utilizando para ello fondos de formación y del caso de los ERE.

El secretario general de UGT en Andalucía rechazó también esta información, asegurando que “no me consta que sea así”. Y aclaró que estas reformas en la sede del sindicato se realizaron “con fondos propios”.

Finalmente, anunció que a lo largo de esta misma tarde mantendrá una reunión con los servicios jurídicos del sindicato para valorar la resolución del Tribubal Superior de Justicia de Andalucía en el que se tumba el ERTE iniciado por UGT-A a finales de 2012, que afecta a 57 empleados, por contabilizar ayudas “irregularmente”.

Fernández Sevilla mostró su “asombro”, porque los hechos planteados en el ERE y en el ERTE “son similares”, aunque una sala del mismo tribunal “haya visto una cosa y el otro lo contrario”.