Para ello, explicó, debería cuantificarse el coste promedio de estos servicios y establecerse un Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales que garantice su cobertura, que corra a cargo de las comunidades autónomas.

La titular de Hacienda y Administración Pública del gobierno andaluz indicó en su conferencia, organizada en Sevilla por Nueva Economía Fórum, que el actual modelo de financiación autonómica “ha contribuido muy sensiblemente a la quiebra del proceso de convergencia en las regiones españolas”, por lo que su revisión debe encaminarse a configurar un sistema “solidario y suficiente, y que sea acordado multilateralmente entre el Gobierno y las comunidades autónomas”.

Este nuevo modelo de financiación, además de un nivel mínimo en la prestación de servicios, deberá permitir la autonomía financiera de las comunidades, garantizar la solidaridad efectiva entre regiones, promover el equilibrio económico y la convergencia territorial y evitar situaciones de privilegio económico y social.

Según señaló Montero, “la crisis ha afectado con distinta intensidad a las comunidades autónomas” y la caída del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido más intensa en aquellas que han realizado mayores esfuerzos para recortar su déficit, “lo que determina que, en términos de PIB per cápita, la brecha entre las regiones más ricas y las más pobres se haya ampliado” en los últimos años.

Según Montero, este proceso está obligando a comunidades como Andalucía a hacer un sobreesfuerzo que “repercute en el PIB, en el empleo y en el nivel de prestación de servicios, y amenaza con agravar la renta per cápita de la media nacional”.

EL CASO ANDALUZ

Durante su intervención, la consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía señaló que el actual modelo de financiación ha contribuido “sensiblemente” a la quiebra de este proceso de convergencia, ya que no ha garantizado un reparto equitativo de los recursos. Según las cifras que maneja esta Consejería, durante los tres primeros años de aplicación (2009-2011), Andalucía ha obtenido unos ingresos sensiblemente inferiores a la media: “de haber contado en estos tres años con recursos similares al promedio, nuestra comunidad autónoma habría recibido 2.821 millones de euros más”, declaró Montero.

La propuesta de la Consejería andaluza para reformar el modelo pasa por definir cuáles son políticas de gasto fundamentales y, en base a ello, blindar un equilibrio entre la Administración central y las autonómicas para que ambas dispongan del mismo grado de cobertura de sus necesidades de gasto desde su ámbito competencial.

“Es el Estado quien debe garantizar la aplicación efectiva de estos principios y no las reivindicaciones de unas u otras comunidades”, sugirió la consejera, al tiempo que consideró también imprescindibles establecer mecanismos de suficiencia dinámica que permitan corregir las desviaciones que puedan surgir en el transcurso de la aplicación del modelo

La titular de Hacienda del gobierno andaluz ha manifestado en su intervención en el encuentro organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, que la reforma tributaria “es necesaria”, ya que desde el gobierno andaluz “no compartimos el modelo actual que provoca medidas regresivas”.

Según cifra la Consejería, más del 20% de la población andaluza tiene unos ingresos inferiores a 12.000 euros, “que serían menos si se incrementan los impuestos indirectos”.

Montero anunció en su intervención que “Andalucía apoyará las medidas que beneficien a los sectores más débiles”, como dar un mismo tratamiento a las rentas del capital y del trabajo, o revisar los tramos del IVA de algunos productos consumidos mayoritariamente por las rentas bajas y medias o que tienen una especial importancia en comunidades como Andalucía, como son los productos culturales.

En su opinión, la reforma debería contribuir a garantizar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas “otorgando suficiencia y capacidad para hacer frente a las prestación de los servicios públicos fundamentales”.
Para que esto sea efectivo, la consejera advirtió de que, hasta que el modelo de financiación no proporcione una suficiencia financiera real, “no es posible seguir avanzando en la autonomía fiscal, ya que sólo genera una competencia desleal por parte de algunas comunidades”.

Montero advirtió, durante el acto organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, del proceso recentralizador al que se está asistiendo en los últimos años con leyes como la Ley de Control de la Deuda Comercial, que ha calificado como “una nueva vuelta de tuerca del gobierno central en el retroceso de la autonomía”.

Según esta Consejería, ya la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012 limitó la actuación de las administraciones públicas mediante la imposibilidad de incurrir en déficit estructural, por el respeto al techo de la deuda pública y la limitación del crecimiento del gasto. De manera que, en caso de romperse alguno de estos preceptos, las autonomías quedan, “en la práctica, tuteladas por el Gobierno de España, condicionando decisivamente el margen de maniobra para desarrollar prácticas económicas alternativas”, explicó la consejera.

A pesar de “no compartir muchas de las decisiones e imposiciones que llegan desde Madrid”, Montero ha hecho hincapié en que “no es necesario reafirmar la lealtad del Gobierno Andaluz con los compromisos internacionales del Gobierno de España”, poniendo como ejemplo el cumplimiento del objetivo del déficit de 2013, a pesar de no compartirlo.

Sin embargo, esta lealtad “no siempre es recíproca”, ha declarado la consejera, quien ha enumerado varias normas que han afectado a los ingresos de las comunidades autónomas: “En la actualidad tenemos en marcha reclamaciones al Ministerio de Hacienda por discrepancias en las liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de traspasos y otras situaciones por un importe de 5.865 millones de euros”, cifró Montero