Así lo dijo en un acto organizado por Nueva Economía Fórum en Málaga, donde demandó la liberación del peaje de la autopista AP-7 y se refirió a ella como "la autopista más cara de España" e insistió en que su liberación es una "decisión política, no técnica".

Asimismo, manifestó su incredulidad ante el hecho de que se hayan "liberalizado autopistas en otras partes de España, en Galicia, en Alicante, en Cataluña", mientras la AP-7 sigue siendo de pago. Subrayó esta diferencia es como un "castigo político a la provincia de Málaga" y defendió que los malagueños tienen derecho a que parte de los recursos económicos que aportan al Estado "retornen en forma de infraestructuras".

Además de esto, propuso medidas a corto plazo, como una solución para la saturación de la autovía A-7 en la zona del Rincón de la Victoria. Recordó, entre otras propuestas, pidió al Ministerio de Transportes una inversión "de 14 o 15 millones de euros para actuar en siete puntos de entrada y salida de la autovía", con el objetivo de aliviar las "colas kilométricas" que considera "super peligrosas".

A pesar de que la propuesta se presentó en mes de mayo, no recibieron "ninguna respuesta del Ministerio" y calificó la situación de "insensibilidad" e "indolencia". Además, recalcó que la propia Diputación pondría los 14 millones "si la falta de dinero era el problema", acusando al Gobierno de "no buscar agentes externos para evitar tu responsabilidad".

Sobre el Tren Litoral, Salado criticó que se le estén "dando patadas hacia delante" y que no exista una verdadera "voluntad política" para acelerar el proyecto. En este sentido, acusó al Gobierno de engañar a la provincia al ordenar un nuevo estudio de viabilidad, lo que supone "tres años más de retraso".

Recordó que la Diputación de Málaga pidió pasar directamente al estudio informativo, argumentando que el Tren Litoral es el proyecto más "viable económica y socialmente" de toda España, con capacidad para 60 millones de usuarios.

El presidente criticó que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tomado "ni una medida positiva para Málaga" y que, en cambio, sí le da un trato de favor a otros territorios. Por ello, hizo un llamamiento a la sociedad civil malagueña para que se sume a la presión sobre el Gobierno de España, ya que, si es la propia ciudadanía la que exige soluciones, el Ejecutivo no podrá usar "la excusa de la confrontación política" para seguir sin actuar.